viernes, 28 de abril de 2017

Este 1º de Mayo... ¡¡¡TODOS VAMOS A MARCHAR!!!


Huelga por reforma laboral paraliza principales ciudades de Brasil

Periódico La Jornada 

viernes, 28 abr 2017 08:17

Jubilados de Mexicana presentan queja ante la CNDH por represión de agentes

César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de abril de 2017, p. 14
Trabajadores jubilados de Mexicana de Aviación interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y la Secretaría de Seguridad Pública capitalina por la represión del cuerpos de granaderos el pasado lunes, cuando se dirigían al Zócalo capitalino.
De acuerdo con el documento, del cual tiene copia La Jornada, una de las señoras de la tercera edad fue golpeada en el pecho con los escudos de los policías. Los trabajadores en retiro señalaron que no fue la única, pues cuando estaban afuera del recinto capitalino algunas jubiladas tenían golpes.
En entrevista, Fausto Guerrero Díaz señaló que ese día caminaban tranquilos, sin generar disturbios, nos llovieron golpes de todos lados. Incluso hay jubilados e integrantes de El Barzón Popular, que encabeza Crescencio Morales, y quienes los apoyan en el movimiento, que después de una valoración médica les colocaron collarín. Hay videos en los que se observa cuando los uniformados golpearon a las compañeras.
El presidente de la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Ex trabajadores de la Aviación Mexicana lamentó la actuación de los policías, pues expresó que en los años que llevan realizando marchas para exigir el pago de sus pensiones vitalicias, nunca los habían golpeado.
“Fuimos robados por Gastón Azcárraga, ex presidente del consejo de administración de la aerolínea y del Grupo Posadas. Lamentamos mucho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos quiera dar el estoque final arrebatándonos el patrimonio más valioso de Mexicana que son rutas y slots”.

Fuente

Lamenta la CIDH que México no acate sus recomendaciones

José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de abril de 2017, p. 7
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los insuficientes avances del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas desde diciembre de 2015 sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos, incluso con la colusión de autoridades con el crimen organizado y una impunidad casi generalizada.
Advirtió que en este tiempo prácticamente ha sido ignorada la recomendación de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por las policías civiles.
En su informe anual 2016, en cuyo capítulo quinto incluye el seguimiento a las recomendaciones enviadas a varios países de la región, entre ellos México, la CIDH señala que el número de operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por las fuerzas armadas, ya sea Ejército o Marina, se incrementó 26.5 por ciento entre el primero de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, según datos oficiales.
Tampoco existe, agrega, un plan específico para el fortalecimiento de la capacidad de las policías civiles con la finalidad de realizar las tareas de seguridad pública conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.
En 87 páginas, el informe sobre México repasa las recomendaciones en temas de seguridad, tortura, desapariciones forzadas y por particulares, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, derechos de la comunidad lésbico-gay, de las mujeres, niños y adolescentes, indígenas y migrantes.
Analiza brevemente los casos de ejecuciones de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayoztinapa, Guerrero, y el mecanismo de seguimiento implementado por la propia CIDH para este caso particular.
En todos los casos, tanto en los primeros como en los últimos, hay diversas y múltiples omisiones e incumplimiento de las recomendaciones, afirma.
Para 2016 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones, de homicidios sin una debida investigación, así como las denuncias de tortura, la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica o por sus actividades, como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos, dice el reporte de seguimiento.
Si bien reconocie que hay avances legislativos, la CIDH considera que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimenta gran número de habitantes cuando buscan justicia pronta y efectiva.
La CIDH realizó una visita in loco entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015, y el 31 de diciembre del mismo año emitió el informe Situación de derechos humanos en México, en el que planteó varias recomendaciones al gobierno mexicano, a las que se refiere el reporte de seguimiento.
En ese tiempo, entre otras cosas, el Informe de país de la CIDH señaló que México atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años; identificó situaciones de violencia que aumentaron durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y el inicio, en 2006, de la llamada guerra contra el narcotráfico, hasta alcanzar niveles alarmantes.
Según ese informe, la respuesta del gobierno mexicano ante el aumento de la violencia fue incrementar la participación de las fuerzas armadas, práctica que continuó con el cambio de administración en diciembre de 2012.

Fuente

Lamenta la CIDH que México no acate sus recomendaciones

José Antonio Román
 
Periódico La Jornada
Viernes 28 de abril de 2017, p. 7
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó los insuficientes avances del Estado mexicano en el cumplimiento de las recomendaciones presentadas desde diciembre de 2015 sobre casos en los que persisten violaciones graves a los derechos humanos, incluso con la colusión de autoridades con el crimen organizado y una impunidad casi generalizada.
Advirtió que en este tiempo prácticamente ha sido ignorada la recomendación de desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y la recuperación de éstas por las policías civiles.
En su informe anual 2016, en cuyo capítulo quinto incluye el seguimiento a las recomendaciones enviadas a varios países de la región, entre ellos México, la CIDH señala que el número de operaciones de vigilancia del territorio, espacio aéreo y mares nacionales por las fuerzas armadas, ya sea Ejército o Marina, se incrementó 26.5 por ciento entre el primero de septiembre de 2015 y el 31 de julio de 2016, según datos oficiales.
Tampoco existe, agrega, un plan específico para el fortalecimiento de la capacidad de las policías civiles con la finalidad de realizar las tareas de seguridad pública conforme a los estándares internacionales en derechos humanos.
En 87 páginas, el informe sobre México repasa las recomendaciones en temas de seguridad, tortura, desapariciones forzadas y por particulares, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, derechos de la comunidad lésbico-gay, de las mujeres, niños y adolescentes, indígenas y migrantes.
Analiza brevemente los casos de ejecuciones de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayoztinapa, Guerrero, y el mecanismo de seguimiento implementado por la propia CIDH para este caso particular.
En todos los casos, tanto en los primeros como en los últimos, hay diversas y múltiples omisiones e incumplimiento de las recomendaciones, afirma.
Para 2016 continúan siendo de especial preocupación los elevados números de desapariciones, de homicidios sin una debida investigación, así como las denuncias de tortura, la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica o por sus actividades, como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos, dice el reporte de seguimiento.
Si bien reconocie que hay avances legislativos, la CIDH considera que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento a los derechos humanos con la realidad que experimenta gran número de habitantes cuando buscan justicia pronta y efectiva.
La CIDH realizó una visita in loco entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre de 2015, y el 31 de diciembre del mismo año emitió el informe Situación de derechos humanos en México, en el que planteó varias recomendaciones al gobierno mexicano, a las que se refiere el reporte de seguimiento.
En ese tiempo, entre otras cosas, el Informe de país de la CIDH señaló que México atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace varios años; identificó situaciones de violencia que aumentaron durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y el inicio, en 2006, de la llamada guerra contra el narcotráfico, hasta alcanzar niveles alarmantes.
Según ese informe, la respuesta del gobierno mexicano ante el aumento de la violencia fue incrementar la participación de las fuerzas armadas, práctica que continuó con el cambio de administración en diciembre de 2012.

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Moody’s mantiene calificación de México con “perspectiva negativa”


Las oficinas de la agencia calificadora Moody’s Investors Service. Foto: AP
Las oficinas de la agencia calificadora Moody’s Investors Service. Foto: AP


PROCESO 

CIUDAD DE MEXICO (apro).- México libró la baja en sus calificaciones crediticias que actualmente se encuentra en “A3”, sin embargo, la agencia calificadora Moody’s Investors Service mantuvo la “perspectiva negativa” ante el probable impacto negativo que pueda tener la relación comercial con Estados Unidos.
De acuerdo con la calificadora con sede en Nueva York, “el factor clave” detrás de la decisión de reiterar la nota fue una disminución notoria en el riesgo de que se materialicen pasivos contingentes que provienen de Petróleos Mexicanos (Pemex), en comparación con lo previsto en su último reporte de calificación.
Según Moody’s, el gobierno mexicano ha logrado avances estructurales en su programa de consolidación fiscal a pesar de un débil desempeño económico.
También detalló que los ingresos fiscales del gobierno aumentaron 11.9% en términos reales durante 2016, como resultado de los efectos de la reforma tributaria adoptada de 2013, el diferimiento de los pagos fiscales que vencían en 2016 y el repunte en la formalidad laboral.
Además, el incremento de los ingresos tributarios compensó la reducción de los ingresos petroleros, mientras que el gasto corriente aumentó solo 1.4% en términos reales, debido a la contención de gastos que involucró una menor compra de bienes y servicios, y una baja significativa en la inversión pública.
TLCAN y los riesgos
Pero el talón de Aquiles para la economía mexicana es la incertidumbre con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde el gobierno de Donald Trump lleva la batuta.
Para la calificadora, el escenario base prevé que el gobierno de Estados Unidos busque hacer cambios limitados al TLCAN, enfocándose principalmente en el tema de las reglas de origen y en el mecanismo de resolución de disputas, de tal forma que el impacto sobre la economía y las cuentas fiscales sea moderado y los indicadores crediticios soberanos no se ven afectados de manera significativa.
No obstante, advirtió que en un escenario más adverso, en el que las condiciones del TLCAN se modifiquen de manera sustantiva, pudiera ocasionar un deterioro importante en los indicadores crediticios de México.
De hecho, “la perspectiva negativa” de la calificación soberana del país refleja el riesgo de lo que se genere en las negociaciones con la Unión Americana en torno al TLCAN.
“La perspectiva negativa también refleja que un incremento en los riesgos percibidos por los inversionistas previo a la conclusión de las negociaciones del TLCAN al cierre de 2017 o principios de 2018, donde pudiera comprometer la estabilidad macroeconómica y financiera, directa o indirectamente, llevando a que el crecimiento se encuentre por debajo de las tasas relativamente bajas que esperamos para los próximos dos años”, acotó.
“Sólo con crecimiento, una mejor calificación”
Como quiera que sea, si el gobierno de México quiere mejorar sus calificaciones crediticias, así como la perspectiva de la misma, necesita estimular y hacer crecer la economía en su conjunto.
Según Moody’s Investors Service, “podría generarse presión al alza en la calificación de México si se registra un crecimiento mayor al esperado ante una continua implementación de las reformas estructurales que permita al gobierno crear colchones fiscales y reducir de manera más significativa las razones de deuda”.
En contraste, si el Tratado de Libre Comercio se modificara de forma profunda, México podría tener impacto en las variables macroeconómicas y con ello un mayor deterioro en las tasas de crecimiento.

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Peña Nieto me pidió que por favor no dejara el TLCAN: Trump


Peña y Trump en Los Pinos. Foto: Octavio Gómez
Peña y Trump en Los Pinos. Foto: Octavio Gómez


PROCESO 

WASHINGTON (apro).– Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, declaró que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, le pidió que “por favor no diera por terminado” al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que aceptó con la condición de que si no consigue un buen acuerdo, lo abandonara.
“Hace tres días había tomado la determinación de dar por terminado al TLCAN, pero (anoche) me llamó el presidente de México y me pidió que por favor no lo abandonara, también me llamo el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau)”, declaró Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca, durante una sesión de fotografías con el mandatario argentino Mauricio Macri.
La Casa Blanca reveló que este miércoles por la noche, Trump sostuvo conversaciones telefónicas con Peña Nieto y de Trudeau para hablar del futuro del TLCAN.
Las pláticas telefónicas ocurrieron luego de que este miércoles en Washington se filtrara la información de que Trump ya había preparado el borrador de la carta que enviaría al Capitolio para notificarle que Estados Unidos se saldría del acuerdo comercial tripartita firmado en 1994.
“Como lo había señalado durante mi campana, vamos a renegociar al TLCAN, pero si no consigo un buen acuerdo para los trabajadores y para las empresas estadunidenses; nos saldremos del tratado”, enfatizó Trump durante su encuentro con Macri.
La renegociación del TLCAN, cuyo mecanismo aún no se define si será bilateral o trilateral, podría arrancar a finales del mes de junio o a principios de julio de este año.
Trump tiene un plazo de 60 días después de notificar al Congreso federal de su país, para iniciar las renegociaciones del acuerdo norteamericano y en dentro de este plazo evitar modificaciones al compromiso propuestas por los legisladores.
El presidente de Estados Unidos señaló que el TLCAN ha sido contraproducente para la economía, trabajadores y empresas de su país. “Ha sido bueno para México y para Canadá, pero vamos a renegociarlo de una forma que nos beneficie, pero si no lo logramos lo dejaremos”, agregó el mandatario.

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Maduro: A Venezuela no la interviene nadie, somos libres y soberanos

28 de Abril de 2017

“A Venezuela no la interviene nadie, Venezuela es un país de paz, libre, independiente y soberano”, resaltó en referencia a los ataques de la derecha nacional e internacional contra el país.
“¡Somos libres de la OEA y más nunca volveremos!”, exclamó el mandatario Nicolás Maduro al recibir una masiva marcha de mujeres revolucionarias en el Palacio de Miraflores.
Maduro aseveró que no reconocerán ninguna reunión y decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vulnere el derecho internacional y se inmiscuya en los asuntos internos de Venezuela.
“El viejo ministerio de colonias que fue la OEA ha retornado convertido en un verdadero tribunal de inquisición”, apuntó Maduro y acusó al secretario general Luis Almagro de convertirse en “la vergüenza de América Latina y del Uruguay”.
“Estamos derrotando un golpe de Estado fascista, que utiliza la manipulación, la mentira, los falsos positivos” para justificar sus planes golpistas, agregó Maduro en referencia a la escalada de violencia de la derecha en todo el país para concretar su objetivo: una intervención extranjera.
Maduro adelantó que este jueves hará una comparecencia “para mostrar todo el rostro horrible de la violencia provocada por la derecha”, cuyos dirigentes pertenecen a la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Maduro denunció, además, que las agencias de noticias internacionales no mencionan la violencia desatada por la derecha y propagan la matriz de supuestas “protestas pacíficas”.
El mandatario venezolano repudió nuevamente el ataque de grupos violentos al Hospital Materno Infantil de El Valle, en Caracas, el pasado 21 de abril, que obligó a desalojar a 54 personas, entre madres y niños recluidos como pacientes.
Telesur

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Hoy más que nunca: Conciencia de clase

27 de Abril de 2017

Nadie duda sobre la existencia de las clases sociales. Marx lo dejó claro, son dos: la burguesía, dueña de los medios de producción y acumuladora del capital a partir de la apropiación de la fuerza de trabajo de los asalariados. Y el proletariado, los asalariados, los que carecen de propiedad privada sobre los medios de producción. Una clase que domina a la otra, que explota a la otra, que se aprovecha y se enriquece a partir de esa explotación sobre la mayoría. Pero es la clase trabajadora, la que hace el esfuerzo, la que produce y genera la riqueza legítima, que luego le es arrebatada y distribuida entre quienes concentran el poder y los medios de producción.
Marx también disertó sobre las características de la superestructura político jurídica, a partir de esas relaciones de producción, de ese modo de producción fundamentado en la explotación. Es decir, los que dominan en la economía, dominarán en la política y en la construcción de aquello que dasentido común a la sociedad en que se desarrolla. La economía capitalista amerita de un ordenamiento jurídico que proteja y naturalice esa relación arbitraria y desigual de una minoría que domina a la gran mayoría. A partir de este hecho, la estructura del Estado Burgués servirá para mantener y profundizar la desigualdad como elemento fundamental del capitalismo. Es la dictadura de la burguesía, que puede, o no, tener fachada de democracia liberal, puede predicar, o no, los derechos del hombre, pero que a fin de cuentas, no es más que el sistema de justificación y protección jurídica- institucional-moral de la explotación económica y la opresión sobre la clase trabajadora.
En Venezuela la burguesía nacional gobernó y dominó a sus anchas, hasta 1989. Una extendida pobreza caracterizó a la inmensa mayoría de los venezolanos. Mientras que un puñado de familias, acumulaban riqueza a partir de la pobreza y el trabajo de esa mayoría. Una burguesía además improductiva, parasitaria, aferrada a la renta petrolera que el Estado, su Estado, le facilitaba para importar y especular, más que producir. Los gobiernos y gobernantes que se correspondieron con esa etapa de la historia y la economía venezolana, eran fieles representantes de aquel sistema de dominación y acumulación del capital. Un enjambre legal que avalaba la desigualdad, la explotación y la entrega de nuestros recursos energéticos y minerales a las grandes corporaciones internacionales, jefes y jefas imperialistas de esa burguesía criolla. Unas Fuerzas Armadas que actuaban como ejército de ocupación, para proteger los privilegios de los pocos y reprimir a las grandes mayorías, que reclamaban su parte de esa riqueza, riqueza que ellos producían, y que también reclamaban los derechos sociales que les eran negados permanentemente.
Pero con 1989, vino 1992, con ese pueblo en la calle, vino Hugo Chávez, y así, los que no tenían parte, se hicieron con el poder político, utilizando con inteligencia estratégica las herramientas de la propia democracia burguesa. En 1999, no se produce un cambio de administración, ni de gobierno en Venezuela, comienza un cambio de época: la transformación y reversión estructural del sistema de exclusión de las mayorías y dominación de la minoría. Y efectivamente, cuando la minoría burguesa entendió que la Revolución Bolivariana sí iba en serio, que pretendía distribuir equitativamente la riqueza nacional y revertir el sistema de dominación y entrega de los Recursos Naturales, se desató una reacción voraz de quienes sentían cómo iban perdiendo aceleradamente el poder político y económico que ilegítimamente detentaron durante más de siglo y medio.
La burguesía, como clase social, se quedó sin el poder político nacional. Y aunque aún conservan amplia hegemonía sobre la propiedad de los medios de producción, han visto disminuidas sus capacidades de dominación y explotación a través de importantes nacionalizaciones, así como de la promulgación de leyes populares que restringen sus privilegios y márgenes de maniobra para explotar a la clase trabajadora. Y esa clase mayoritaria de invisibles y asalariados neo esclavizados, como diría el pensador francés Jacques Ranciere, esa parte de los que no tenían parte, se hizo del poder político, no sólo institucional, sino social y territorial, a partir de la construcción del Poder Popular.
De manera dialéctica, la clase social trabajadora comenzó a hegemonizar la superestructura jurídico política de la sociedad venezolana del siglo XXI, a pesar de que las relaciones económicas de producción no se transformaron al mismo ritmo. La burguesía, por su parte, emprendió una fase violenta y permanente de intento ilegal de restauración en el poder político, a partir de la fuerza de su amplia propiedad privada sobre los medios de producción, los medios de especulación importadora y sus medios de comunicación. Mientras el Comandante, Hugo Chávez, afianzaba a las mayorías en el poder político, fue generando las condiciones para que esa clase trabajadora se fuera apropiando también de medios de producción y fuesen generando nuevos medios, a partir de su organización para el trabajo. La burguesía, sin embargo, tuvo la audacia de permear las instituciones del Estado, en muchos casos vinculadas al poder económico hegemónico, y siguió apropiándose de parte de la renta petrolera, ya no en origen (PDVSA), sino en destino (las divisas para la importación y producción). También usaron ese poder para tratar de derrocar al Gobierno Bolivariano.
El Presidente Nicolás Maduro cortó de cuajo el acceso de la burguesía a las divisas del pueblo. Nuevas instituciones y métodos surgieron. A pesar de la disminución del ingreso petrolero, la inversión social se ha ampliado, las Misiones Socialistas avanzan, los derechos sociales se han profundizado en estos últimos 4 años. A pesar de las dificultades, y precisamente gracias a su capacidad para superar las dificultades con el Pueblo, la Revolución Bolivariana se acerca cada día más a su punto de no retorno. Ante esta realidad, y aprovechando las dificultades económicas, la burguesía arremete con todas sus fuerzas, nacionales e internacionales, con todo su poder económico y mediático, con toda su capacidad de generar violencia política, para evitar que la Revolución alcance ese punto definitivo de irreversibilidad.
En esta nueva etapa de acciones violentas e inconstitucionales, la burguesía sigue demostrando su monolítica conciencia de clase. Es decir, quienes componen esa clase social explotadora, defienden su restauración, luchan por recuperar sus privilegios y, en consecuencia, por negarle los derechos sociales a la mayoría. Planifican desde sus centros de poder económico su estrategia, sus tácticas y atajos inconstitucionales para retomar el poder.
Buena parte de sus nuevas tácticas de guerra se desarrollan hoy en la plataforma 2.0. Las balas no se disparan, sino que se inoculan, desde la idea liberal, bajo el ropaje de la “lucha pacífica y no violenta de la sociedad civil”. Todo se reduce a una imagen, a una consigna vacía, propio de la idea postmoderna del fin de la historia que profetizó herradamente Fukuyama en los años noventa. A través de la voracidad de las redes sociales nos quieren hacer ver que un país de un millón de kilómetros cuadrados y más de treinta millones de personas se reduce a los dos kilómetros cuadrados de caos que incendian en el este de Caracas un grupo de dirigentes irresponsables con alma de Nerón, acompañadados de un contingente de mercenarios y ciudadanos emborrachados por el odio y el fanatismo. Es un esfuerzo más para llevar al pueblo a su propia estructura de pensamiento liberal burgués. Pero el pueblo hace rato que dejó de abrazar ciegamente el evangelio capitalista.
No hay manera de hacer compatibles los intereses de la burguesía con los de la clase trabajadora. La primera, como explicamos al inicio, siempre se alimenta y sustenta del sufrimiento de la segunda, de la entrega de las mayorías. Los sempiternos dueños de los medios de producción y sus allegados tienen claridad meridiana de su necesidad de liquidar la Revolución. Ahora bien. ¿Tiene la clase trabajadora conciencia plena de clase? ¿Hasta qué punto la confusión mediática y la guerra económica genera la percepción de desclasamiento de algunas familias trabajadoras? ¿Cuál ha sido el impacto de esa guerra psicológica para distorsionar la realidad y procurar que los oprimidos defiendan los intereses de quienes les oprimen? ¿A qué otra clase, que no sea la trabajadora, puede pertenecer una maestra, un campesino, un médico, una indígena, un artista, un obrero, una enfermera, un transportista, un minero, un soldado, una funcionaria pública, un profesional asalariado?¿A los intereses de cuál de las dos clases opuestas pertenecen los sectores medios de la sociedad? ¿Con qué clase de identifican? ¿Con la trabajadora o con la se enriquece a partir de robarles su conocimiento, su vida (tiempo) y fuerza de trabajo?
Ésta es la hora de la clase trabajadora. Es el momento de desarrollar plena conciencia de nuestra condición de clase, de nuestra identidad social. Momento de cerrar filas con nuestra Revolución y demostrarle a la clase burguesa, no solamente que ni ellos, ni sus privilegios volverán en la Venezuela del siglo XXI, sino que además perderán de manera definitiva su hegemonía sobre los medios de producción, que dejarán de determinar el modo y las relaciones de producción. Tanto el Comandante Chávez, como el Presidente Maduro, han respetado y han convocado a aquellos dueños de medios de producción privados que estén dispuestos a liquidar el sistema rentista petrolero, que estén dispuestos a desatar sus fuerzas productivas y que estén dispuestos a acompañar a la clase trabajadora al traspasar la barrera del no retorno. Dueños de medios que han de producir con los trabajadores, que los respetan, no que los explotan. No hay nada más violento y letal que la explotación capitalista.
Hoy más que nunca, debemos analizar la realidad, los hechos históricos, los intereses contrapuestos y excluyentes de los grupos sociales en conflicto: debemos fortalecer nuestra conciencia de clase. Somos mayoría, somos alegría, creemos en una sociedad de justicia para que haya una sociedad en paz. No queremos que vuelvan los que nos roban nuestra esperanza, nuestro trabajo, para enriquecerse. Los desafíos por venir serán determinantes. Tomemos conciencia de dónde venimos, de dónde estamos, de quiénes somos y qué queremos. De nosotros depende hoy la existencia misma de la Patria, la construcción de nuevas relaciones de producción, de nuevas relaciones humanas, de una sociedad edificada sobre los valores de la igualdad, el trabajo y solidaridad. La nuestra es una Revolución Socialista, de la clase trabajadora, dirigida por un trabajador, que responde únicamente al mandato y los intereses de su clase, del Pueblo, del interés nacional y el bien social.
Jorge Arreaza

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jueves, 27 de abril de 2017

Declaración de Montevideo


 
Convocados a discutir y analizar la realidad del sistema y los recursos energéticos en Latinoamérica y el Caribe, en el marco de cumplirse 68 años de AUTE (Agrupación de Funcionarios de UTE - Uruguay), los días 21 y 22 de abril de 2017 los sindicatos SINTRAELECOL (Colombia), UTIER (Puerto Rico), SME (Mexico), SITRANDE (Paraguay), FUP (Brasil), FENTECH (Chile), FETERA (Argentina), ASDEICE (Costa Rica), SUTS (Uruguay), FANCAP (Uruguay) y AUTE (Uruguay) participamos del “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA” donde abordamos a las siguientes conclusiones, las mismas las presentamos como insumo para la necesaria e imprescindible tarea de la clase obrera de pensar y construir alternativas al sistema imperante. Con una profunda vocación internacionalista y solidaria, apegados a los más profundos conceptos de independencia de clase, asumimos nuestra responsabilidad como trabajadores de un sector estratégico como es el energético.
Atravesamos una etapa histórica en donde a los trabajadores nos toca afrontar los efectos de una nueva ofensiva del capital a escala mundial, donde al incremento intensivo y extensivo de la expoliación económica se suma la consolidación de la acumulación por desposesión. En el mundo entero esta ofensiva se presenta con la súper explotación de inmensas mayorías de trabajadoras y trabajadores y muestra su cara más cruda en las distintas guerras que se desarrollan provocando catástrofes humanitarias y en la que todo el trasfondo es la apropiación y control de los recursos naturales y energéticos de los pueblos.
Sobre los pueblos Latinoamericanos y Caribeños se cierne el avance del capital imperando sobre el trabajo, donde los grandes intereses capitalistas buscan la retracción de conquistas y avances conseguidos por los trabajadores con inmensos sacrificios. Es así que existe una disputa manifiesta por la infraestructura pública y los recursos.
Las disputas territoriales en el continente han puesto en la mira a las organizaciones obreras, tal es el caso de la feroz arremetida contra los trabajadores Mexicanos organizados en el SME que con un enorme sacrificio se han levantado de los golpes, pero también recae sobre comunidades indígenas y campesinas, desplazándolos muchas veces en forma forzosa para acceder a territorios ricos en recursos. Nuestro continente cuenta hoy con importantes recursos naturales y energéticos que son necesarios para que el patrón de acumulación se mantenga y las relaciones de dominación se perpetúen.
Hoy las formas de propiedad que no se condicen plenamente con los intereses del capital son objeto de desarticulación y ataque, es así como vemos retroceder la propiedad estatal y pública mediante una estrategia combinada de apropiación directa, retracción de la inversión pública, deslegitimación social, abandono estatal de la innovación tecnológica, etc.
Se torna impostergable para los trabajadores posicionar una visión alternativa y contra hegemónica que enfrente decididamente las privatizaciones y el modelo de desarrollo impuesto.
Es necesario reafirmar el carácter de derecho humano del acceso a la energía y por lo tanto el carácter de bien público de los recursos energéticos.
La lucha ideológica y cultural es imprescindible, ya que el capital impone sobre la conciencia colectiva la lógica del lucro y la mercantilización. De usuarios de servicios públicos se impuso el pasaje a la lógica de clientes de sendos negociados, desplazando el problema de la disputa del control social de los servicios por el funcionamiento empresarial.
Hoy los trabajadores nos encontramos ante el desafío de internacionalizar nuestras luchas, ya que el proceso de globalización capitalista construye entramados supranacionales para imponer condiciones de dominación a los países dependientes.
Nuestro continente es rico en recursos y por lo tanto está permanentemente en la mira del imperialismo, en ese sentido reivindicamos la concepción de soberanía sobre los mismos, en particular declaramos nuestro total respaldo al pueblo Brasileño y su soberanía sobre el PRESAL ,una de las mayores reservas mundiales de recursos hidrocarburíferos. En el mismo sentido reivindicamos el derecho de los pueblos sobre los reservorios de agua dulce existentes en nuestro continente.
Como pueblo necesitamos colocar el acceso a la energía en la órbita de los derechos humanos, sin acceso a la energía en condiciones de seguridad, calidad, y sustentabilidad no hay posibilidades de desarrollar una vida con condiciones adecuadas. Sin el acceso a la energía no hay posibilidades de usufructuar y acceder al conjunto de derechos humanos básicos.
Esta concepción se da de bruces con la lógica mercantil que sitúa a la energía en el marco del negocio.
El Capital se abre paso inclusive a través del apoderamiento de planteos históricos de los trabajadores, en ese sentido ha utilizado el discurso de las energías renovables para enmascarar el enajenamiento del servicio público. Es de destacar el caso de Uruguay, donde el cambio en la matriz energética se ha dado a través del avance de la propiedad privada en el sector de la generación.
La disputa ideológica y política debe de contrarrestar la enajenación de recursos y patrimonio amparados en el control de las energías renovables, un camino que se presenta como sustancial a desarrollar es el de la disputa material de dicha tecnología. Para eso es necesario avanzar en iniciativas como la desprivatización de la infraestructura o incluso el fomento de experiencias participativas de cooperativización popular de la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
El involucramiento de los usuarios en el sistema eléctrico significa una vertiente más de lucha por recuperación de los bienes comunes que el capital le ha arrebatado a los pueblos.
El patrimonio estatal y público hoy está bajo amenaza, tal es el caso del ente estatal uruguayo ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) que está siendo víctima de la desarticulación de su producción cementera. Este ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA respalda en su totalidad las acciones emprendidas por los trabajadores y manifiesta su total solidaridad con el sindicato FANCAP.
Los trabajadores de la energía debemos de desarrollar acciones consecuentes en defensa de los intereses de los usuarios, y esto no puede impulsarse sin la construcción de espacios de participación y discusión popular que promuevan el empoderamiento de los usuarios sobre las distintas aristas del servicio público de energía eléctrica. La alianza de los trabajadores de la energía con los usuarios no solamente que es necesaria sino que es de carácter estratégico. Incorporar a nuestra acción programática la participación política de los trabajadores y usuarios en la gestión de los servicios públicos se presenta como una necesidad histórica, participando activamente en la discusión y definiciones de rumbos estratégicos de las empresas públicas, la gestión de los servicios, y la planificación económica.
Como orientación estratégica, ubicamos la lucha por la conquista de una tarifa social con mejora en los servicios en los distintos insumos energéticos (Electricidad, Combustibles, Gas, GLP, etc.). Esto no solamente se sustenta en la necesidad de avanzar en la lucha por la redistribución de la riqueza sino que es a su vez una materialización del concepto central que la energía es un derecho humano.
El avance de la explotación capitalista requiere respuestas contundentes por parte de nuestra clase, es de esta forma que los trabajadores Brasileños están convocando a un PARO GENERAL NACIONAL el próximo 28 de abril de 2017 contra las reformas laborales y de seguridad social impulsadas por el gobierno ilegítimo impuesto por la oligarquía brasileña y el gran capital.
En el mismo sentido, la lucha del pueblo Chileno contra las AFP, sistema jubilatorio y de seguridad social regresivo para el pueblo, marca el camino en la necesidad de enfrentar esta durísima iniciativa antiobrera del capital que tuvo en Chile sus experiencias iniciales.
La soberanía como principio fundamental alcanza el reclamo histórico de reafirmar la independencia política, social y económica del pueblo de Puerto Rico, donde el pensamiento y la acción colonialista de los EE.UU. sigue pisando fuerte. Al pueblo de Puerto Rico se le ha impuesto una deuda pública por más de 72 mil millones de dólares por los diferentes gobiernos que han administrado la colonia durante los pasados 40 años. Deuda que el país no puede pagar a consecuencia de la crisis económica creada por el sistema económico. Como medida para garantizar el pago de la deuda el Congreso de los Estados Unidos le impuso para la cláusula territorial una Junta de Control Fiscal para supervisar y velar por el cumplimiento de planes fiscales de austeridad dirigido única e inclusivamente para garantizar el cobro de la deuda.
El gobierno de Puerto Rico como facilitador del cobro de una deuda que además de odiosa tiene vicios de ilegalidad se ha negado a auditar la misma, en adición ha presentado legislación para imponer una reforma laboral en todos los convenios colectivos con el fin de llevar a los trabajadores a la miseria. Por otro lado se presenta una reforma de privatización de los haberes públicos y de la generación de energía del país. La UTIER en defensa de los derechos de los trabajadores y en contra de las propuestas de privatización ha decretado un paro de labores de 24 horas el próximo 1 de mayo, partiendo que este día tan emblemático para los trabajadores a nivel mundial no es reconocido en los territorios de los EEUU.
Los sindicatos abajo firmantes nos proponemos darle continuidad a los procesos de integración política y organizativa que la actual etapa histórica requiere, y en tal sentido avanzaremos en coordinación de actividades y acciones que propendan a la materialización de las orientaciones emergentes de este ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA.
Construir resistiendo es el rumbo, porque los recursos energéticos son un bien común y acceder a ellos es un derecho humano.
Montevideo, 22 de abril de

2017

¡¡ PRIMERO DE MAYO de COMBATE CONTRA LA DICTADURA NEOLIBERAL!!

MANIFIESTO DEL 1ro de MAYO de la
NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES (Mexico).

¡¡ PRIMERO DE MAYO de COMBATE CONTRA LA DICTADURA NEOLIBERAL!!



Vivimos tiempos difíciles. A escala mundial se vive una nueva ofensiva del capital que avanza como una plaga: ataca y destruye las conquistas y derechos alcanzados por los trabajadores; despoja de sus bienes a las comunidades indígenas y campesinas; termina de privatizar la infraestructura pública y los recursos naturales y energéticos a favor de las empresas trasnacionales; aviva las guerras entre bloques imperialistas por el control estratégico de las reservas mundiales de los hidrocarburos, el agua y la biodiversidad; provoca pobreza, hambruna, crisis migratorias, destrucción y muerte como nunca antes.

El avance de la derecha neoliberal y la ultraderecha en todo el mundo es su instrumento. América Latina y el Caribe viven esta ofensiva con particular intensidad, después de que en la década pasada la región sur de nuestro continente vivió procesos de cambio que lograron rescatar de manos privadas y extranjeras parte importante de la infraestructura pública y recursos naturales que les habían sido despojados, y procuraban disminuir la desigualdad social. Esta violenta cruzada en contra de países hermanos como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil y Argentina ésta fraguada desde los Estados Unidos, que en un intento desesperado por restablecer su hegemonía moviliza a los partidos de derecha y oligarquías locales para desestabilizar los procesos de cambio y deponer a sus regímenes democráticos. Así sucedió en Brasil con el golpe de estado en contra de la presidenta electa Dilma Rousseff.

Esta ofensiva imperial se desenmascara y recrudece con la reciente elección de Donald Trump como presidente de E.U., y amenaza aún más la soberanía y seguridad nacional de nuestro país. La creciente ola de deportaciones de migrantes mexicanos la intención de construir un muro en la frontera norte del país con costo a los mexicanos constituyen agravios inadmisibles en contra de nuestro pueblo. La imposición de una renegociación del TLCAN, que de por sí ha significado un desastre para México, amenaza con realizarse nuevamente en secreto y terminar siendo aún más favorable a los intereses norteamericanos gracias a los Santanas que tenemos en el gobierno. La política de supremacía nacionalista blanca, racista, xenófoba, neofascista del nuevo inquilino de la Casa Blanca son una amenaza para México y el mundo.

En este contexto, la crisis económica y política de nuestro país se acelera y profundiza. Las expectativas de crecimiento económico están por los suelos. El propio Fondo Monetario Internacional prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá no más del 1.7% durante 2017 y 2% para 2018. Los índices de desempleo en las propias cifras oficiales, que ya están de por sí maquilladas, advierten que la tasa de desocupación cerrará el año en 4.4%, por encima del 3.5% reportado en febrero por el INEGI (el desempleo real ronda el 15%). Por otro lado, la devaluación de nuestra moneda alcanza en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto la espantosa cifra de un 65.15%, mientras que los recortes al gasto público en educación, salud, ciencia y tecnología, PEMEX y CFE, no paran. Mientras, la deuda pública crece a un ritmo delirante: en el gobierno de EPN creció un 14. 1 %, sumando 8.7 billones de pesos, equivalente al 45.7% del Producto Interno Bruto.
La última ola de reformas neoliberales, mal llamadas estructurales, está dirigida a despojar a la nación y el pueblo de lo que resta de bienes comunes y nacionales, pero ha fracasado incluso para los propios objetivos de Peña Nieto. Por más que los funcionarios del gobierno quieran tapar el sol con un slogan, “lo bueno casi no se cuenta pero cuenta mucho”, las y los mexicanos contamos sólo calamidades.

Cada vez es más patente la urgente necesidad de reorganizar la fuerza de los trabajadores. Millones de trabajadores carecen de organización alguna para la defensa de sus intereses, o están sometidos al control corporativo y autoritario del “sindicalismo” charro y de protección patronal, mientras que el sindicalismo democrático, aún se haya disperso. Bajo esa correlación de fuerzas, la clase trabajadora no está en condiciones de poder hacer frente común a la precarización del trabajo y a las reformas neoliberales que día a día se le imponen desde el poder del Estado y el capital, a la pérdida histórica del poder adquisitivo del salario, la creciente informalidad y simulación en el empleo, la desaparición forzada de contratos colectivos y sindicatos democráticos, el desmantelamiento del sistema de seguridad social y régimen de jubilaciones y pensiones, etc.

Un estudio de la UNAM indica que tras el gasolinazo de enero pasado los productos de la canasta básica (leche, huevo, arroz, pollo, tortillas, etc.) han aumentado hasta 17.7%. Según datos del registro nacional de precios en enero de 2013, cuando Peña Nieto tomó protesta como presidente de México, el salario mínimo era de 64.76 pesos y la Canasta Alimenticia tenía un precio de 171.86 pesos. Hoy en día la canasta básica, según la misma fuente, es de aproximadamente 218.06 pesos por día para una familia de dos adultos y dos menores, lo que anula el minúsculo aumento al salario mínimo que paso de 73.04 a 80.04 pesos en enero. Como ha dicho la educadora popular libertaria Claudia Korol “Nos matan todos los días. Luchar es el único modo de vivir”

Pero a los ricos les va bien. La concentración de la riqueza en México es de verdadero escándalo. Mientras más de 65 millones de mexicanos viven en la pobreza, según el Reporte Global de la Riqueza elaborado por Credit Suisse, en México el 10% de la población más acaudalada posee el 64% de la riqueza del país. De acuerdo con Forbes “una decena de familias mexicanas concentran la fortuna de 132 mil 900 millones de dólares” fortunas todas adquiridas al amparo de los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, verdaderos expertos en ventas de garaje de empresas públicas estratégicas, tráfico de influencias y excepción de impuestos a la inversión foránea.
En el sexenio en curso, junto a la imposición de las “reformas estructurales” acordadas por los partidos del “Pacto por México” (PRI, PAN, PRD y PVE), se han acelerado la corrupción y la decadencia de la clase política mexicana. Uno tras otro, los escándalos de corrupción cruzan transversalmente a todos los partidos políticos, cámara de diputados y senadores, gobierno federal y gobiernos estatales, que se han visto involucrados en el delito de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, fraudes y peculado. Con los millones “esfumados” por los 22 gobernadores (2012-2017) del PRI se pagarían 6 años del presupuesto de la UNAM. Esas son cosas malas, que sí cuentan.

“Nos matan todos los días. Luchar es el único modo de vivir” .

Pese a todo, importantes destacamentos de trabajadores del campo y la ciudad, pueblos originarios, comunidades campesinas, electricistas, estudiantes, maestros, usuarios de la energía, jornaleros agrícolas, libran a diario una dura batalla por la defensa de sus derechos sociales, humanos y laborales, sus bienes comunes, su territorio, recursos humanos y autonomía. Enfrentan a diario a la represión del aparato de seguridad del estado, la criminalización de la protesta social y las difamaciones de los medios de comunicación al servicio de los intereses de la oligarquía, el capital financiero y las trasnacionales extractivistas que están saqueando nuestro territorio nacional. Existen en México decenas de presos políticos, crímenes de estado, tortura y desaparición forzada. Recientemente Amnistía Internacional señaló que “México enfrenta una de las peores crisis de derechos humanos del hemisferio”, al mencionar los casos de flagrantes violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Tanhuato, Tlatlaya, Atenco y Apatzingán, y sobre todo el caso de los 43 estudiantes normalista de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. El masivo e impune feminicidio es una de las más dolorosas heridas que no para de lastimar y avergonzar a México. El asesinato de cuatro periodistas críticos del sistema en lo que va del año ahonda esta crisis.

La represión, criminalización y judicialización del movimiento popular, sin embargo, no nos ha doblegado. El ascenso de la lucha social es patente sólo que ésta se da en forma fragmentada y dispersa. En el campo popular se hacen emprendedores esfuerzos por articular las luchas de resistencia a nivel nacional, después de que nuevos sectores sociales durante el “gasolinazo” de enero salieron a manifestar su repudio al alza de las gasolinas, el gas y las tarifas eléctricas. Hace falta unidad, pero sobre todo desarrollar un proceso de organización y concientización de la población explotada a fin de fortalecer la fuerza del campo popular.

Por eso, la Nueva Central de Trabajadores, por acuerdo de su Segundo Congreso Ordinario, lanzará una campaña nacional para Organizar a los no Organizados. Por eso, este Primero de Mayo las banderas de la clase obrera deben ondear sin reserva. Es tiempo de pensar y construir alternativas a la situación imperante. La clase trabajadora mexicana tiene un innegable potencial transformador. Hace falta reorganizar su fuerza para mostrarle a los de arriba de lo que somos capaces. No podemos resistir la nueva ofensiva del capital sin contar con las herramientas organizativas que nos den perspectiva. Hace falta pasar a la contraofensiva, reorganizar en forma inmediata a nuestras fuerzas comenzando por implementar nuevas formas de organización de base que no estén condicionadas al control corporativo de las organizaciones e instituciones oficiales que van de la mano con las reformas estructurales del capital.

ESTE PRIMERO DE MAYO DEMANDAMOS:

1. Derogación de todas las reformas estructurales neoliberales, principalmente la LABORAL, EDUCATIVA y ENERGÉTICA.

2. No a la reforma las pensiones y jubilaciones que pretende acabar con el derecho a una vejez digna.

3. Se declare la moratoria al pago de la deuda externa, y se destinen esos recursos al gasto público y la inversión productiva que reactive nuestro mercado interno. Desaparición del TLCAN y no renegociación entreguista a espaldas del pueblo.

4. Por un nuevo Constituyente electo directamente por los ciudadanos sin mediación de los partidos políticos, Constituyente que restituya nuestra soberanía como nación, la potestad del pueblo sobre los bienes comunes que nos fueron arrebatados, los derechos sociales de los que fuimos despojados, y renacionalice el territorio nacional y sus recursos estratégicos, la electricidad, el gas y el petróleo.

5. Se eche atrás la iniciativa de Ley de Seguridad Pública con la que se pretende dotar al presidente de la república de poderes extraordinarios y legalizar la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública y facultar a la policía federal, estatal y municipal para reprimir violentamente la protesta social en forma indiscriminada.

6. Por la libertad de todos los presos políticos, la restitución de nuestros derechos democráticos, el alto a la criminalización de la protesta social y se deroguen todas las legislaciones locales que restringen las libertades políticas de los mexicanos. En particular, se castigue a los responsables de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y de todos los crímenes de Estado en contra del pueblo de México.

7. NO más gasolinazos. Alto al alza de las tarifas eléctricas, el gas y el transporte público.

8. Por el respeto y ampliación de derechos laborales para las trabajadoras. Alto a los feminicidios y castigo a los responsables.

9. Aumento salarial de emergencia y control de precios

Este Primero de Mayo, nuestra vocación internacionalista nos une a la clase trabajadora de todos los pueblos del mundo. Nos solidarizamos con la clase obrera brasileña y argentina que se oponen a la política neoliberal de Mauricio Macri y Michel Temer. Respaldamos la revolución Bolivariana de Venezuela y exigimos un alto a los planes desestabilizadores y golpistas de la derecha venezolana auspiciados por EU. Nos solidarizamos con nuestros compatriotas deportados y con la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos que sufre la campaña de odio racista del gobierno de Donald Trump.

¡¡NO MÁS TLC NI ENTREGUISMO A EU!!
¡¡AUMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA!!
¡DEMOCRACIA Y LIBERTAD SINDICAL!!
¡¡ABAJO PEÑA NIETO Y SU REFORMAS ESTRUCTURALES!!
¡¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS!!
¡¡SOLUCIÓN A LAS JUSTAS DEMANDAS DE LA ANUEE QUE LUCHA
POR EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA!!
¡¡VIVA LA CLASE OBRERA, MUERA EL NEOLIBERALISMO!!

“La emancipación de la clase obrera será obra de la clase obrera misma”.

NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME); Alianza de Tranviarios (ATM); Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del Distrito Federal (STTPDF); Sindicato Democrático de Trabajadores de la Procuraduría Social del DF (SDTPS); Consejo Nacional de Trabajadores (CNT);Federación Sindical Revolucionaria (FSR); Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM); Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de la Educación Media y Superior (SUTIEMS); Central Unitaria de Trabajadores de México (CUTM); Sindicato Internacional de Constructores de Elevadores de México (SICE-M); Asociación Sindical de Trabajadores del INVI (ASTINVI); Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (SITIMTA); Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Guerrero (SISPPJEG); Confederación de Jubilados y Pensionados de la República Mexicana, (CJPAMRM); Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL; Alianza Cooperativista Nacional, A.C. (ALCONA); Sindicato Autónomo de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SATEV); Central de Trabajadores Democráticos (CTD); Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Baja California (SETEBC); Sindicato de Trabajadores de Servicios Académicos y Docentes del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (SITRAyD-Conalep); Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SITEM); Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, Instituciones Descentralizadas Estales y Empresas Privadas de Nayarit (SYSPEMIDEPN); Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de Educación del Estado de Nayarit (SITSEN); Unión General Obrera Popular, Campesina (UGOPC), Chiapas; Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda de México (STUHM); Sección XIV del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo; Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero (SUTCOBACH); Sindicato Autónomo de Trabajadores del Municipio de San Luis Potosí (SATMSLP); Sindicato Revolucionario Democrático de la Industria Química Similares y Conexos de la República Mexicana (SRDIQSCRM); Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH); Sindicato de Empleados Públicos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara (SEPSIAPA); Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM); Sindicato Nacional de Trabajadores General Tire (SNTGT); Sindicato Único de Trabajadores Académicos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tlaxcala (SUTACEPTET); Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO); Sindicato Único de Trabajadores de Caminos y Autopistas de Oaxaca (SUTCAO); Sindicato de Trabajadores al Servicio del CECyT de Oaxaca (STSCECyTO); Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SUNTUAN); Sindicato Democrático de Bomberos del Estado de Jalisco (SDBEJ); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSS), Sección 50; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP); Cooperativa de Agricultores de Chapingo; Asociación de Profesores Jubilados y Pensionados de Chapingo; Trabajadores Democráticos de Occidente (TRADOC); CNTE - Secciones IX y XVIII; Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC); Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios de Colima (SITU); Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SITTGE); Unión de Trabajadores del Transporte Público (UTTP); Sindicato Nacional de Trabajadores de la Caja de Ahorros de los Telefonistas (SNTCAT); Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaria de Cultura (SNDTSC); Sindicato Democrático Nacional Autónomo de Trabajadores de la Sedesol (SDNAT); Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo (SITIMP); Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).
México a 1 de Mayo de 2017

Gobierno “mandó al basurero” trabajo del GIEI sobre Ayotzinapa: padres de los 43


Familiares de los 43 marchan en la CDMX. Foto: Hugo Cruz
Familiares de los 43 marchan en la CDMX. Foto: Hugo Cruz

PROCESO 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 31 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los estudiantes deploraron que el gobierno federal “abandonó” y “mandó al basurero” el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y exigieron respuestas sobre el paradero de sus hijos.
Con lágrimas en los ojos e ira en la voz, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, declaró que el procurador general de la República, Raúl Cervantes, debe dar la cara a los padres. Recordó que desde el pasado 20 de abril, un grupo de familiares instaló un plantón permanente al pie de la sede de la PGR en la capital.
Luego, advirtió: “Ya estamos en la puerta y algún día vamos a entrar”.
Incluso, Navarrete aseguró que “si es necesario, vamos a morir para poner una pinche muestra de dignidad y mostrar que ningún cabrón, por rico que sea, tiene el derecho de pisotear al más pobre. No me voy a detener porque alguien me dice revoltoso”.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos realizaron hoy una marcha en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Sin embargo, este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el GIEI entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica” difundida por la PGR, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la dependencia y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Según los padres, si bien el gobierno mexicano se comprometió a seguir las recomendaciones del informe, la promesa quedó en “letra muerta”. Aun así, el pasado 21 de marzo, durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), funcionarios mexicanos informaron que la llamada “verdad histórica” era todavía su principal hipótesis.
Meliton Ortega reiteró que los padres rechazan la versión de la noche de Iguala que dio el exprocurador, Jesús Murillo Karam, e insistió en que las autoridades tienen que indagar al Ejército, realizar un peritaje “serio” a los datos de los teléfonos celulares de las personas involucradas, detener e interrogar a los policías municipales de Huitzuco e investigar las rutas de la heroína.
Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, recordó a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró, se debe a la intervención de la CIDH.
Exigió que se investigue y castigue a Tomás Zerón de Lucio, actual titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), señalado por alterar la investigación y disimular evidencias al GIEI.
Epifanio Álvarez, quien llevaba una fotografía de su hijo colgada en el pecho, preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a saber de ellos?” Y se respondió a sí mismo: “Queda claro que el gobierno no nos quiere dar respuesta”.
Denuncian represión
Los familiares también denunciaron la “represión” que sufrieron ayer en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde pretendían realizar un mitin y conseguir un encuentro con Miguel Ángel Osorio Chong, su titular.
Pero esta marcha no llegó a su destino: El grupo se topó con las vallas de hierro que la policía suele colocar en los alrededores para evitar que las manifestaciones lleguen a la Secretaría.
Después de media hora, varados frente a la pared de metal, los padres se impacientaron y golpearon las láminas con piedras y palos para expresar su frustración. Varios normalistas arrojaron cohetes por encima del muro.
En respuesta, uniformados de la Policía Federal rociaron gas pimienta a un padre y lanzaron granadas de gases lacrimógenas en medio del grupo de manifestantes.
“Nos agredieron a todos los padres y madres de Ayotzinapa. Una compañera está hospitalizada por los gases lacrimógenos. Es una vergüenza para Osorio Chong que nos reprima en lugar de recibirnos”, denunció Cristina Bautista.
“Siguen vivos”
La marcha de este miércoles, que reunió cientos de personas –la mayoría, integrantes de organizaciones sociales–, salió a las 16:30 del plantón en la PGR.
A paso lento y bajo un sol pesado, los contingentes caminaron sobre la avenida Paseo de la Reforma. Padres de desaparecidos y normalistas se sucedieron en el micrófono para reclamar justicia.
“No sólo nos están engañando a nosotros como padres, engañan a todo México con la verdad histórica”, aseveró una madre.
Tras una parada en el llamado “Antimonumento a los 43” –Reforma y Juárez–, donde realizaron un pase de lista de los normalistas desaparecidos, los padres alcanzaron el Hemiciclo a Juárez a las 18:00 horas.
“Para nosotros siguen vivos nuestros hijos”, reiteró Ortega.
Durante el recorrido, la marcha se encontró con otros movimientos sociales en protesta: un grupo de ciudadanos contra el aumento a las tarifas de la luz, así como miles de campesinos que reclamaban la entrega de apoyos para el campo frente a las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).


Fuente

Cumple 91 años la Normal Rural de Ayotzinapa

Sergio Ocampo y Juan Carlos G. Partida
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 27 de abril de 2017, p. 11
Esta semana la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Tixtla, Guerrero, cumple 91 años de haber sido fundada, señaló el maestro Orlando Garduño Jiménez, quien se ha dedicado en años recientes a investigar parte de la historia del plantel.
“Como la nueva enseñanza requería tierras para cultivo, el concejo municipal ofreció tres hectáreas y 3 mil 600 metros cuadrados para la construcción del edificio en la hacienda de Ayotzinapa, propiedad comunal (…) El primero de mayo del mismo año se colocó la primera piedra”, explicó.
Destacó que por esos años el interés del gobierno era formar maestros rurales que llevaran a las comunidades las técnicas más adelantadas sobre agricultura y ganadería, así como la necesaria preparación para desempeñar las funciones docentes.
Explicó que el gobierno imponía el requisito de que las nuevas escuelas nombradas regionales campesinas salieran de las ciudades y que en ellas se dispusiera de los terrenos suficientes para las prácticas de los alumnos.
Transformar las normales rurales de acuerdo con la nueva política educativa correspondió al entonces director Raúl Isidro Burgos. Él hizo las gestiones, pero los trámites gubernamentales eran muy lentos. Así nació este centro educacional prototipo en el país, relató.
Refirió que en 1935 se convocó a un primer Congreso de Estudiantes Campesinos de Guerrero, que se caracterizó por su radicalismo revolucionario, tendente a lograr mejores condiciones económicas, materiales y libertarias para los estudiantes. Desde entonces la Normal de Ayotzinapa siempre ha estado atenta a las inquietudes y problemas estudiantiles del país.
En Guadalajara, la Asamblea Popular de Jalisco Ayotzinapa somos Todos instaló ayer un plantón en plaza Liberación, en el centro de la capital tapatía, para conmemorar los 31 meses de la desaparición de los 43 normalistas y reiterar la exigencia de que se haga justicia a los alumnos de esa escuela y los miles de desaparecidos en el país.

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Comité 68 advierte sobre riesgos de ley de seguridad

César Arellano García
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de abril de 2017, p. 11
Si el Congreso aprueba la ley de seguridad interior, esta norma representará una limitación para las garantías individuales, las fuerzas armadas tendrán protección e impunidad y México se encaminaría a un Estado de excepción permanente, afirmaron ayer integrantes del Comité 68.
En conferencia de prensa, Félix Hernández Gamundi y Víctor Guerra dijeron que los grupos castrenses podrán detener a civiles, realizar investigaciones sobre delitos federales y locales, dictar sentencia a los acusados y efectuar labores de espionaje si algo les parece sospechoso.
La iniciativa de ley de seguridad interior es violatoria de los artículos 21 y 129 de la Carta Magna y pondría en riesgo los derechos humanos de la sociedad civil y las libertades democráticas logradas mediante la lucha popular.
Manifestaron que en los 10 años recientes de la supuesta guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón, hubo un incremento en los niveles de violencia contra el pueblo: “homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, y los grupos delincuenciales han crecido 900 por ciento, según refieren estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas. También aumentaron las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos.
Debido a que Ejército y Marina salieron a las calles para realizar tareas de seguridad pública y su labor no está prevista en ninguna ley, el Congreso pretende regular su actuación mediante la mal llamada ley de seguridad interior.
Afirmaron que la milicia “ha sido utilizada para reprimir, torturar y ejecutar civiles. Ejemplos de esto sobran, desde el 2 de octubre en Tlatelolco, pasando por la guerra sucia, hasta Tlatlaya y Ayotzinapa. Las fuerzas armadas se han utilizado contra el pueblo en forma constante y contundente; las víctimas del Estado son miles”.
Además, aseguraron que en todos los crímenes en los que han estado implicadas las fuerzas armadas nunca se han desarrollado procesos de justicia. Con las nuevas atribuciones que les otorgaría la ley, se convierte de facto en una declaración de guerra permanente contra el pueblo. Por esto y por muchas otras razones llamamos a los legisladores a no aprobarla”.

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Debaten en foro sobre males del neoliberalismo

Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de abril de 2017, p. 5
El modelo neoliberal ha construido una ciudadanía individualista, ajena a lo colectivo y que ve en la competencia la única forma de ‘‘superarse’’, señalaron especialistas de diversos países de la región durante la clausura del coloquio América Latina: política, futuro, igualdad, con el que se celebró el 50 aniversario del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), que contó con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, La Jornada y la Fundación para la Democracia, entre otros.
Darío Salinas, de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, sostuvo que hoy tenemos sociedades neoliberalizadas, pues América Latina ha sido un laboratorio para implantar el modelo de mercado. Pero a la vez, dijo, también ha sido un laboratorio de luchas sociales que se han opuesto y respondido ante ese sistema hegemónico, que si bien sigue fuerte y vigente en la región, no ha salido intacto.
Enfatizó que la construcción del muro propuesto por Donald Trump resulta una bofetada no sólo para México, sino para toda América Latina y el Caribe. ‘‘No tiene sólo una intención política, es una estrategia militar y se construye para contener, para disuadir y de ahí en adelante pensar cómo asestar golpes desde el imperialismo. El muro representa un desafío para la construcción de ciudadanía en nuestra región’’.
Y justo para construir un nuevo concepto y un nuevo marco político, subrayó, es necesario entender las luchas sociales que se han dado contra el sistema, como los procesos bolivarianos en Venezuela.
Bernardo Mancano, de la Universidad Estatal Paulista, de Brasil, señaló que sin importar si son ricos o pobres, campesinos, empresarios o estudiantes, el modelo hegemónico ha creado sujetos neoliberales que piensan y actúan a partir de esa perspectiva. ‘‘El neoliberalismo dice que no hay nosotros, sino ustedes, y sus derechos a defender son ser el mejor, ser competitivo, destruir al otro, ser emprendedor e innovador, ideas que incluso hemos adoptado en nuestras universidades; se ha creado un sujeto neoliberalizado, es la individualización del trabajador’’.
El especialista enfatizó que el gran reto es precisamente aprender del pasado y crear las condiciones para reinventar la ciudadanía. ‘‘El siglo XXI, para mí, es el del renacimiento. El neoliberalismo es un sistema de muerte que destruye a las personas y crea muros. Y en ese sentido el muro de Trump lo que quiere es separar (a su país) de América Latina’’.
Armando Fernández, de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, de Cuba, dijo que movimientos ambientalistas, por la igualdad de género, en favor de la diversidad sexual, étnicos y de defensa de los pueblos originarios, han definido nuevos elementos para la construcción de ciudadanía.
La redefinición de ese concepto, agregó, se debe basar en la reconstrucción de lo público, en la reducción de brechas entre riqueza y pobreza, y en la construcción de igualdades sociales.

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