lunes, 22 de enero de 2018

SME Banderazo de salida de la Unidad Productiva de Distribución 22ene18

COMUNICADO URGENTE


El Sindicato Mexicano de Electricistas condena el violento ataque en contra de la caravana del Concejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez perpetrado el día de hoy 21 de enero en el estado de Michoacán por sujetos desconocidos fuertemente armados que despojaron de sus celulares y equipos fotográficos a los periodistas que acompañan su recorrido. El SME hace responsables de la seguridad de los integrantes de la caravana a los gobiernos federal y estatal, a quienes les exige garantías para el libre transito de la caravana y demanda el rápido esclarecimiento de los hechos.

Así mismo, llama al conjunto del movimiento popular a pronunciarse en contra de estas agresiones al CNI-CIG y les pide permanecer atentos al desarrollo de los acontecimientos. 


Fraternalmente

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.

CDMX a 21 de enero de 2018.

CFE casi triplica cobro de energía a microempresa en Veracruz

Julio Reyna Quiroz
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de enero de 2018, p. 20
Los aumentos entre 100 y 400 por ciento en las tarifas eléctricas para negocios pequeños no se limitaron a Baja California, como aseguró el gobierno federal. Una empresa de Veracruz recibió una factura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondiente a diciembre, por 52 mil 355 pesos, un incremento de 184 por ciento en comparación con el mes anterior.
La empresa mexicana Diseño en Piedra SA de CV (In-Pietra) está ubicada en Veracruz y se especializa en la fabricación de productos de mármol, travertino y piedra caliza. En la primera semana de enero la CFE le envió un recibo de consumo de luz por 52 mil 355 pesos, cuando su adeudo previo correspondiente a noviembre fue de apenas 18 mil 482 pesos. El incremento en un mes fue de 184 por ciento.
La semana pasada, las confederaciones de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y de Industriales (Concamin) reprocharon la nueva metodología de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de CFE para el consumo de media y alta tensión.
Polémica por nueva metodología
La metodología vigente a partir de diciembre pasado provocó incrementos hasta de 400 por ciento, acusaron los representantes de ambos organismos, Enrique Solana Sentíes y Manuel Herrera Vega, de manera respectiva.
Los representantes empresariales dijeron que los aumentos hasta de 400 por ciento se registraron en varias entidades. En tanto, la CRE y la CFE negaron una generalización de aumentos en el país y sostuvieron que los casos atípicos con fuertes incrementos sólo ocurrieron en Baja California, los cuales ya son atendidos.
Solana Sentíes denunció que la reforma energética aprobada en 2013 tendrá beneficios para el país, pero en su implementación se han tenido problemas, como las facturas de enero, que inundaron con fuertes incrementos las tarifas eléctricas.
Solana Sentíes aseguró que hay reuniones con funcionarios de la CRE y la CFE para analizar los incrementos que consideró desmedidos. Concluimos que la nueva metodología es contradictoria porque incentiva a que la gente consuma más para que le salga más barata la facturación. Sin embargo, hay giros comerciales, como los hoteles, que operan con altas y bajas en su consumo y la nueva metodología no distingue este tipo de variaciones, pues cobrará de igual manera, resaltó el dirigente del comercio organizado.

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Recortan 30% pago a jubilados y cesan a cientos de petroleros en Pemex


Patricia Muñoz Ríos.
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de enero de 2018, p. 15
Continúan los problemas laborales en Petróleos Mexicanos (Pemex). Ahora les dejaron de pagar mil 800 millones de pesos a 120 mil jubilados, a quienes de manera ilegal recortaron 30 por ciento su pago; además, a cientos de trabajadores de plataformas marinas les están informando que ya no van a volver a subir, ya que éstas se van a vender, se van a poner a remate, por lo que hay incertidumbre laboral para estos petroleros.
La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (Untypp) informó lo anterior en un mitin en el que denunció que sigue la violación de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de Pemex y que mantendrá su lucha por la firma de un contrato colectivo de trabajo para este gremio, que la empresa se niega a otorgarles.
Pablo López Figueroa, secretario general de este gremio, planteó que Pemex y el propio gobierno están despojando de todas las prestaciones a los trabajadores. Son innumerables las agresiones laborales, la más reciente es que a los compañeros que están bajando de sus guardias catorcenales en las plataformas marinas les indican que no van a volver subir y lo que está planeando el gobierno federal, a través de esta empresa, es dejar estas áreas de trabajo sin personal, para su venta.
Los petroleros ya no pueden quedarse al margen de estas acciones de despojo, indicó, porque se trata del desmantelamiento total de la empresa, y las agresiones contra los trabajadores tienen un transfondo nacional, pues sabíamos que se podía llegar a estos extremos por la reforma energética, pero nos negábamos a creerlo y ahora están adelantando que van a poner en subasta las plataformas marinas, a remate estas unidades, que es donde viene la mayor cantidad de producción de petróleo.
Al parecer el objetivo es que antes de que vengan las elecciones, la mayor parte de los activos de la industria petrolera mexicana pasen a manos extranjeras o privadas, que se acabe Pemex para los mexicanos.
En el país hay petróleo en cantidades tales que le darían solvencia económica los próximos 100 años, y eso es lo que está regalando el gobierno, dijo López Figueroa.
Alertó que a la par de este remate, de este despojo de los re-cursos naturales, se está acaban-do con la materia de trabajo para los mexicanos, así como con las prestaciones, de ahí se deriva el recorte ilegal al aguinaldo de los jubilados, a quienes simplemente les llegó en su recibos de fin de año, sin que hubiera ningún aviso de por medio ni se supiera la razón del mismo.
El dirigente hizo ver que la Untypp demanda un contrato colectivo de trabajo e indicó que ya presentó está solicitud a los anteriores directores generales de Pemex y al actual, José Antonio González Anaya, a quien informó que el no permitirles tenerlo constituye una violación a la ley.
Por último, dijo que esta Unión va a seguir denunciando la corrupción laboral en Pemex.
 
 
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LA IMPORTANCIA DE LAS REFINERIAS

*Cierran Refinerías de PEMEX para Beneficiar a Particulares con la Especulación de Gasolinas Importadas
*Van 4 Refinerías Cerradas...En cambio Han Otorgado 230 Permisos de Importación
Para beneficiar a compañías trasnacionales, a costa del empobrecimiento de los mexicanos, el ex director de PEMEX José Antonio González Anaya promovió la privatización declarando que no es negocio refinar, sin embargo en países altamente industrializados, como Japón existen 29 refinerías operando a toda su capacidad.
De acuerdo a la memoria de labores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y a los reportes operativos de 1973 a 2017 del mismo organismo, así como a datos de la Secretaria de Economía, mientras que en México ya fueron paralizadas la refinerías “Ing. Antonio M. Amor”, en Salamanca, Guanajuato, la “Ing. Hector R. Lara Sosa”, en Cadereyta, Querétaro, la de Ciudad Madero en Nuevo León y la “Antonio Dovali Jaime”, en Salina Cruz Oaxaca, con el argumento de que se está aplicando una política de mantenimiento, que no han demostrado que exista.
En cambio en Estados Unidos se tienen registradas cerca de 500 refinerías de empresas privadas, la mayoría operando, ¿será un mal negocio como lo dice González Anaya?
Otros países menos desarrollados también procuran mantener sus refinerías operando, como en Ecuador, Arabia Saudita y su economía crece, como en Japón, que obtuvo un crecimiento económico en los últimos 3 años de entre 7 y 9% del Producto Interno Bruto (PIB), a diferencia de México –en donde sus gobernantes cierran refinerías- que apenas logró un crecimiento de entre 1 y 2 del PIB.
En cambio la inflación en México sí se disparó a 6.7 % -que se disparó en parte por el encarecimiento de las gasolinas debido a que las autoridades han preferido importarlas y cerrar las refinerías que producían dicho combustible.
Actualmente 10 ex directores de Pemex están metidos en el negocio privatizador del petróleo de los mexicanos. El negocio es para los amigos, amigos de los amigos, contratistas, proveedores, prestadores de servicios y prestanombres entre otros muchos.
Desde la llegada de los neoliberales al gobierno federal se acentuó la privatización de Pemex, hasta llegar a la muerte de la gallina de los huevos de oro, como la dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto con sus “reformas estructurales”, entre las que se encuentra la desnacionalizadora reforma energética y petrolera.
Dijo Peña “será una reforma energética” que “moverá a México”. Hoy se comprueba que ese sector que antes de Peña Nieto estaba reservado como actividad exclusiva del Estado, va rumbo a quiebra
Están a punto de lograrlo, en medio de un escándalo público por corrupción en la que se involucra directamente al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, nombrado por Peña Nieto desde su llegada a la presidencia de la República en 2012 y quien tuvo que renunciar al cargo en 2016.
Las declaraciones oficiales de los directivos de la empresa brasileña Oderbrech, investigada por sobornos, acusó al ex funcionario mexicano de haber recibido, presuntamente, 10 millones de dólares de esa compañía a cambio de jugosos contratos en diferentes áreas de Pemex y existe la sospecha de que esos millones se utilizaron en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
El Sistema Nacional de Refinación, cada día que pasa, cede más terreno a los empresarios privados nacionales o extranjeros, como las empresas de familiares y allegados políticos de Carlos Salinas de Gortari.
Podemos decir que tenemos seis y media refinerías (Tula, Salamanca, Minatitlán, Cadereyta, Salina Cruz, Cd. Madero) y DEER PARK en Texas, 50% de México y 50% de Estados Unidos (E.U.). C on excepción de esta última las demás están desmembradas, desmanteladas, concesionadas, todo truena en ellas o las revientan al negarles presupuesto para el mantenimiento, para continuar con el gran negocio de importación de gasolinas.
Todos los mexicanos pero sobre todo los trabajadores petroleros transitorios, de planta sindicalizados o de confianza y jubilados podemos rescatarla porque ahí nacimos profesionalmente, nos desarrollamos y vivimos, con nuestra amplia experiencia y conocimiento tenemos la capacidad de rescatar a Petróleos Mexicanos Pemex porque podemos hacerlo.
No estamos dispuestos que acaben con la primera industria del país que es el soporte económico del pueblo mexicano, ahora disminuido por los políticos traidores que se convierten en empresarios y los empresarios en políticos para acabar haciendo grandes negocios con lo que no es de ellos.
Las seis refinerías que tenemos todavía están en condiciones de refinar 1 millón seiscientos mil barriles de crudo, con lo que obtendríamos 700 mil barriles de gasolina y solamente tendríamos un déficit de 100 mil barriles diarios.
Rescatemos las gasolineras que ya aparecen como plaga en todo el país con su respectivo logotipo BP, Shell, Chevron, Hidrosina…déjenme comentarles que ni siquiera construyeron nuevas estaciones de servicio o como las conocemos gasolineras, sólo les están dando una manita de gato a algunas de las que Pemex tenía instaladas.
Hasta el 30 de octubre de 2017 el gobierno federal había otorgado 230 permisos de importación de gasolina a cerca de 196 empresas privadas, para revenderla en México, mediante 30 marcas distintas en mil 700 estaciones de servicio, que antes eran de Petróleos Mexicanos, detalló el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante una comparecencia en la Cámara de diputados. (Leer noticia relacionada: MÉXICO NADA HA GANADO CON LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX link: http://www.frecuencialaboral.com/PEMEXnadaganaconlaprivatizacion2017.html). Ahora con esta nueva imagen pretenden engañarnos diciendo que son gasolinas de mejor calidad, mienten, la gasolina que venden es la misma que importa Pemex y que ahora los privados venden teniendo grandes utilidades que se llevaran fuera de nuestro país.
Estas abusivas empresas nacionales e internacionales no tienen la más mínima estructura para el transporte, almacenamiento de este producto.
Reitero una vez más que los exagerados aumentos a los precios de las gasolinas de más del más del 100% son porque casi el 50% corresponde a impuestos, con los que el gobierno pretende cubrir el dinero que nos proporcionaba Pemex y se ha perdido, ya que al haber regalado nuestro petróleo a empresas trasnacionales que existían antes de la expropiación petrolera de 1938.
Con este incremento de precios sube el transporte público y privado, los comestibles, el calzado, la ropa etc. es decir todo lo que consumimos a diario.
Con la reciente liberación de los precios, las gasolinas suben a discreción, la gasolina Premium cuesta casi 20.00 pesos. Lejos muy lejos de bajar, cada día se incremente el precio y nuestro bolsillo se seca.
Por los intereses creados mencionados al principio de este trabajo, bloquean el proceso de refinación, provocando la pérdida de cientos de miles de millones de dólares, por importar gasolinas y diésel, de tal suerte que queda claro que para el país no es negocio, pero sí, y de qué tamaño, para los privados.
Pemex está de cabeza, por decreto, ahora los especialistas constructores de gasoductos aunque usted no lo crea es Comisión Federal de Electricidad ya no Petróleos Mexicanos. Y ahora parte de sus plantas petroleras están produciendo energía eléctrica para Comisión Federal de Electricidad.
Hacemos un llamado al pueblo de México, en especial a los trabajadores Petroleros y Electricistas a rescatar nuestras fuentes de trabajo con la participación multidisciplinaria de trabajadores activos, jubilados, investigadores, estudiantes y a la población afectada por las reformas entreguistas de este gobierno, las cuales deben abrogarse.
Otro:
Pemex se ampara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la multa de 653 millones de pesos decretada por la Comisión Federal de Competencia en el año 2013 por prácticas monopólicas.
Juez confirma práctica monopólica de Pemex contra franquicias.
Pemex argumenta que no incurrió en prácticas monopólicas, al considerar la venta de gasolina a algunas estaciones a uso del transporte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República mexicana.
 
¡¡¡EXIGIMOS LA OPERACIÓN INMEDIATA AL 100 PORCIENTO DE LAS REFINERIAS, QUE SEAN OPERADAS POR Y PARA LOS MEXICANOS¡¡¡

Arq. Mario Galicia Yépez e Ing. Jorge Gómez Tafolla
Coordinador Colegiado del Responsable de Estudios.
Comité Nacional de Estudios de la Energía. 

Marichuy exige garantías de seguridad tras ataque a su caravana en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres horas después del ataque que sufrieron en Tierra Caliente, Michoacán, los integrantes de la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y su aspirante a la candidatura presidencial María de Jesús Patricio Martínez informaron que llegaron con bien a Paracho.
Sin embargo, el equipo de Marichuy exigió garantías de seguridad para la caravana y para los periodistas que cubren el recorrido, así como también el esclarecimiento de los hechos.

Alrededor de las 19:30 horas el equipo de precampaña de Marichuy informó que “sujetos fuertemente armados en dos camionetas pararon, amenazaron y quitaron celulares y equipos fotográficos a periodistas que acompañan el recorrido”.
El hecho ocurrió en un tramo entre los pueblos de Tepalcatepec y Buenavista ubicados en la región de Tierra Caliente caracterizada por la violencia y la presencia de grupos del crimen organizado que desde hace tres décadas dominan la zona.

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Grupo armado ataca a caravana de “Marichuy” en Michoacán

 
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CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Miembros del Congreso Nacional Indígena informaron que alrededor de las 19:30 horas en la región de Tierra Caliente Michoacán un grupo de hombres armados atacó la caravana en la que va María de Jesús Patricio Martínez, quien busca la candidatura presidencial.
A través de un mensaje en redes sociales, el equipo de Marichuy informó que el ataque se dio en un tramo entre las carreteras de Buenavista y Tepalcatepec.

El reporte del equipo de precampaña de Marichuy informó que “sujetos fuertemente armados en dos camionetas pararon, amenazaron y quitaron celulares y equipos fotográficos a periodistas que acompañan el recorrido”.
Señalaron que integrantes del equipo de la vocera y aspirante a la candidatura presidencial iban rumbo a encontrar a Marichuy y su equipo para saber cómo están.
“Por el momento vamos en carretera a su encuentro, exigimos garantías de seguridad para la caravana y nuestra vocera. Pedimos estén alerta por la seguridad de nuestros compañeros”, solicitaron.
Tres horas después del ataque que recibieron en Tierra Caliente, los integrantes de la caravana del Consejo Indígena de Gobierno y la aspirante a la candidatura presidencial, María de Jesús Patricio Martínez, informaron que llegaron con bien a Paracho.
El equipo de Marichuy exigió garantías de seguridad para la caravana y para los periodistas que cubren el recorrido, así como también el esclarecimiento de los hechos.
Esta región es una de las más violentas de Michoacán, donde las bandas criminales tienen fuerte presencia desde hace décadas. Ahí se fortalecieron La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, H3 y surgieron los autodefensas hace cinco años. Hoy el territorio lo disputa el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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“En Michoacán no hubo ningún ataque armado a la caravana” de Marichuy: SSP estatal

 
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán desmintió la versión que circuló desde ayer en la tarde noche sobre un supuesto ataque a la comitiva de la precandidato independiente a la Presidencia, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, en aquella entidad.
En el primero de cuatro tuits que subió a su cuenta, la dependencia aseguró:
En un segundo tuit, la SSP estatal aclaró que “la aspirante presidencial se encuentra en el municipio de Paracho, y cuenta con acompañamiento de seguridad estatal”.
Minutos después, escribió un tercer tuit: “Junto a la Secretaría de Gobierno de Michoacán damos seguimiento a un reporte de robo a periodistas que se dirigían a cubrir actividades de la precandidata”.
Y ya entrada la noche, remató con un cuarto tuti: “Hasta esta noche la Procuraduría General de Justicia del estado no cuenta con una denuncia formal sobre el reporte de robo” a los comunicadores.

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Juez ordena entregar mina de Sombrerete, Zacatecas, a trabajadores en huelga


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de enero de 2018, p. 15
Un juzgado emitió un amparo que obliga al sindicato blanco y a esquiroles contratados por Grupo México a abandonar la mina de San Martín Sombrerete, Zacatecas, la cual tomaron desde 2012, y entregar dichas instalaciones a los trabajadores en huelga del Sindicato Nacional de Mineros.
La juez quinto de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México, Rebeca Patricia Ortiz Alfie, concedió el amparo en favor del gremio que dirige Napoleón Gómez Urrutia el pasado 15 de enero bajo el expediente 1550/2017-I, contra los actos del presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el cual protegió a Grupo México, utilizando a un sindicato blanco, que ilegalmente peleó la titularidad del contrato colectivo de dicha mina.
Para este fin, el consorcio de Germán Larrea creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana (Snteebmrm), gremio charro o patronal con sede en Monterrey, para usarlo como su instrumento en éste y otros litigios laborales, a fin de que disputara la representación de los trabajadores, lo cual es ilegal debido aque éstos se encontraban en estatus de huelga.
El Sindicato Nacional de Mineros calificó la resolución de la jueza Ortiz Alfie como histórica, ya que pone en evidencia los recursos ilegales y sucios del consorcio Grupo México y demanda que “se desaloje de inmediato a los golpeadores del sindicato charro que han estado apoderados de la mina de San Martín Sombrerete desde hace cinco años (2012-2018), en el contexto de la huelga iniciada hace más de una década.
Explicó que los esquiroles tienen que proceder a la entrega de la mina a los trabajadores en huelga y la JFCA debe estudiar: la nulidad y cancelación del registro de los miembros del sindicato actor, el cual presentó un padrón de socios falso, con 187 obreros que no lo son: 160 por doble militancia sindical y 16 que fueron cesados, todos los cuales quedan invalidados para un eventual recuento de votos, a los que se suman 11 muertos.
La resolución, por tanto, se trata de una severa derrota legal de Germán Larrea de Grupo México, sobre todo porque la propia JFCA se había negado a cumplir la ley, al permitir que los esquiroles la invadieran y solapó que siguieran ocupando la mina hasta hoy. Antes de este sindicato, Grupo México financió otro gremio que perdió en el recuento de votos.
Dicho consorcio ha preferido atacar la huelga desde el 31 de agosto de 2012 hasta hoy, en vez de buscar una solución legal conciliatoria, indicó este sindicato y planteó que el consorcio de Larrea “ha estado protegido por funcionarios como el ex secretario de Trabajo, el nefasto Javier Lozano; el subsecretario Rafael Avante y el ex secretario de asuntos colectivos de la Junta Federal, Gary Pérez, abogado de Grupo México. También por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien antes y después de ser titular de esa dependencia fue abogado de la empresa.

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Todo listo para privatizar y encarecer el agua

 
PROCESO 
 
En la Cámara de Diputados se aceleran los trámites para, al final de la actual Legislatura, aprobar una Ley General de Aguas –versión ampliada de la fallida “Ley Korenfeld” de 2015– que permitirá la privatización del líquido y su uso en el fracking, ese proceso que envenena mantos freáticos y tierras de cultivo sólo para obtener gas y aceite. Los especialistas advierten que el agua potable será más cara y quedará en manos privadas, y más: si las comunidades afectadas por esos abusos protestan, el Ejército intervendrá, amparado por la Ley de Seguridad Interior.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Enrique Peña Nieto y el PRI pretenden dar un albazo en la Cámara de Diputados y aprobar, antes de que concluya la actual Legislatura, la nueva Ley General de Aguas, señalan especialistas. Cerrar el círculo, dicen, y aplicar al cien por ciento la reforma energética con la inclusión del fracking, aun a costa de la contaminación de los mantos freáticos y el encarecimiento del líquido.

La estrategia del gobierno y el PRI en el Congreso de la Unión busca “dejar un ambiente –para el sucesor de Peña Nieto– favorable a la inversión y dejar situaciones irreversibles”, sostiene el ingeniero petrolero, opositor al fracking, Fabio Barbosa Cano, quien durante décadas trabajó en Petróleos Mexicanos.
Para ello, sostienen especialistas entrevistados por Proceso, la táctica tiene dos vías: la Ley General de Aguas para “concretar el fracking” y proteger las inversiones con la Ley de Seguridad Interior, gracias a la cual, por “utilidad pública” y para prevenir el disturbio social, el Ejército actuaría contra los ciudadanos que se opongan.
La primera se aprobaría en la Cámara de Diputados y para ello, Ignacio Pichardo Lechuga, diputado federal mexiquense y presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, ya tiene “el borrador” de la nueva Ley General de Aguas.
En esa ley se apunta a la privatización del agua, la entrega de concesiones a perpetuidad y el aumento de tarifas para uso doméstico, en las cuales se incluirán los costos, la inflación y la utilidad del organismo operador, que puede ser una empresa, el municipio o una asociación de ambos, según el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos.
Tal borrador es una calca de la llamada “Ley Korenfeld” –así llamada por su promotor, el entonces director de la Comisión Nacional del Agua, el priista David Korenfeld– que en marzo de 2015, a punto de concluir la anterior Legislatura, el PRI intentó imponer en San Lázaro (Proceso 2000).
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2151, ya en circulación 

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Prevé la CNTE "amañada" renovación de dirigente del sindicato magisterial


Emir Olivares Alonso
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de enero de 2018, p. 15
Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) instalaron ayer su Asamblea Nacional Representativa, donde hasta el cierre de esta edición discutían su agenda de actividades 2018, así como las medidas que adoptarán ante el proceso de renovación de la dirigencia del sindicato magisterial.
Dirigentes del magisterio disidente informaron que el congreso extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a realizarse del 13 al 15 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, estará amañado, pues sólo buscará ponerse a tono con el proceso electoral.
Señalaron que posiblemente, en ese congreso, el líder del SNTE, Juan Díaz de la Torre, sea elegido una vez más para el cargo o, en su caso, se pondría a alguien afín al régimen, que buscará sellar las alianzas con el priísmo.
Hasta anoche, los miembros del magisterio disidente mantenían la discusión de las diferentes agendas de trabajo de sus representaciones en los estados de la República a fin de crear coincidencias y definir una serie de actividades a escala nacional.
En el cónclave privado en las instalaciones de la sección novena en Ciudad de México, los docentes insistieron en que seguirán la lucha contra la reforma educativa, independientemente del candidato que alcance la Presidencia de la República, de ahí la importancia de las movilizaciones.

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Juicio a la Corte por Retrasar la Resolución EX BRACEROS RECLAMAN A LA SCJN JUSTICIA PRONTA

*Tiene Congelado un Amparo que Ganaron para que el Gobierno de Peña Nieto les Pague su Ahorro para el Retiro.
*Desde 2016 Atrajo el Caso y no Emite Sentencia.
Los ex braceros que fueron a laborar legalmente a Estados Unidos entre 1945 y 1975, quienes ahorraron 10 por ciento de su salarioen dólares, realizarán una marcha el martes 23 de enero del 2018 del Monumento a la Revolución hacia la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el centro de la Ciudad de México, para demandarle justicia pronta y expedita, debido a que ha mantenido en la congeladora desde hace un año el expediente que atrajo con el amparo que ganaron para que el gobierno de Enrique Peña Nieto les pague su ahorro para el retiro. A continuación transcribimos la entrevista que otorgó el dirigente Efraín Arteaga Domínguez, para la cápsula "Juicio a la Corte", que transmitimos en nuestro programa Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia, del sábado 29 de diciembre del 2017.
Efraín Arteaga Domínguez, coordinador general de la Coordinadora Binacional de Ex Braceros. Nuestra organización agrupa a asociaciones de trabajadores ex braceros de 21 estados del país y de 4 entidades de Estados Unidos. Estamos en lucha desde hace 19 años, comenzó en 1998. Todos ellos son viejitos ya, fueron trabajadores en Estados Unidos, en la época de la segunda guerra mundial, entonces eran jóvenes y mientras laboraron allá se les hizo una deducción de su salario equivalente al 10 por ciento de su salario, en dólares.
El convenio entre el gobierno de Estados Unidos y de México, que se llamó Fondo de Ahorro Campesino, fue entregado año con año a la presidencia de la República en turno con la idea de que tuvieran un aliciente para regresar a México y el compromiso es que se les devolvería su dinero.
La pelea con el gobierno federal es para exigir que nos regresen ese 10 por ciento del salario que se retuvo a 2 millones 400 mil ex braceros por más de 25 años. con la idea de que tuvieran un aliciente para regresar a México.
El gobierno estadounidense envío año con año al presidente de la república ese dinero desde Manuel Ávila Camacho hasta LuisEcheverría. Lo más vergonzoso es que el gobierno mexicano nunca entregó ese dinero a los ex braceros.
Ese adeudo supera los 5 billones de pesos, es equivalente a todo el presupuesto de la federación de 2018. según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM (CAM-UNAM).. No es justo que ese dinero haya ido a parar a las cuentas personales de los ex presidentes de la República que vivieron con lujo.
Esta lucha va a cumplir 20 años de injusticias, sumados a todas las décadas anteriors. En esta lucha hemos hecho de todo, hemos cerrado carreteras federales, hemos hecho plantones, marchas hemos tomado puentes. Hemos hecho marchas kilométricas a pie, con el apoyo del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando caminamos dos veces desde Juan Do, Hidalgo, hasta la Ciudad de México.
En 2004, en protesta 5 mil braceros se metieron al rancho de Vicente Fox, para exigir el pago. Hemos sido reprimidos, pero también hemos tenido victorias importantes, como la creación de un fideicomiso para entregar un "apoyo social" de 38 mil pesos a cada ex bracero.
Pero Vicente Fox y Felipe Calderón sólo se lo entregaron a 198 mil pesos y sólo es el 6 por ciento del total de quienes ahorraron para su retiro..
Nosotros hemos internacionalizado nuestra lucha.
Hemos realizado movilizaciones épicas. Recorrimos más de 15 mil kilómetros para ir a Nueva York y Washington, fuimos atendidos por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Fuimos atendidos en el capitolio. Nos manifestamos en la Casa blanca, nos atendieron en la oficina del líder del Senado, fuimos atendidos de maravilla en la Universidad de Yorkstown. Hemos denunciado el caso en Ginebra Suiza,nos pronunciamos en la máxima tribuna de la Organización Internacional del Trabajo, en junio del 2017. Fuimos atentdidos en la Comisión interamericana de derechos humanos hemos denunciado el caso en Ginebra Suiza, hemos agotado las instancias nacionales e internacionales. Hemos acudido hasta con el papa.
Hemos dado la lucha en los tribunales. Finalmente el 29 de febrero de 2016 obtuvimos una sentencia de amparo en el juzgado 2o. de distrito de la Ciudad de México, que en ese tiempo estaba a cargo de la jueza Paula María García Villegas Sánchez Romero, quien tuvo el valor cívico de emitir una sentencia que consideramos ejemplar. Una sentencia en la que le ordena al titular del ejecutivo federal pagarle a los ex braceros la deuda histórica más las indexaciones por la inflación, que se han acumulado en los años transcurridos. Ordena pagarle un millón 96 mil pesos a cada ex bracero que se amparó, que son más de 6 mil compañeros.
La lucha de los ex braceros fue en ascenso desde 1998 hasta 2005, el punto más alto fue en 2004 cuando se invadió el rancho de Fox lo cual motivó que se creará un fideicomiso para el pago de 38 mil pesos a los ex braceros como apoyo social. También se logró que de 2005 a 2012, cada año se asignaron 7 mil millones de pesos para pagarle a 198 mil ex braceros, pero todo eso se vino al caño con el presidente Enrique Peña Nieto y eliminaron el presupuesto a ex braceros.
190 mil ex braceros lograron recibir ese dinero que representan el 6.1 por ciento del total de quienes ahorraron para su retiro.
Hemos ganado juicios en los que se le obliga Peña Nieto a pagar. Y dos o tres juicios de amparo se han ganado, pero al momento en que deben pagar, utilizan la marrullería legal para no pagar
Ahora la lucha es por el pago del 10 por ciento del salario que recibió el gobierno y nunca les devolvió a los ex trabajadores braceros.
Peña Nieto interpuso un recurso de revisión ante el 11 tribunal colegiado.
Cuando ese tribunal estaba a punto de resolver la Suprema Corte acordó atraer el caso, el 26 de octubre 2016 y en enero de 2017se nombró al ministro que se encargará de proponer el fallo, pero hasta la fecha no ha elaborado la ponencia ni hay resolución.
Todos los ex braceros vemos conindignación que la Suprema Corte dejó pasar el año y no resolvió, no hay justicia pronta y expedita.
Javier Lainez Potisek es el ministro que tiene a su cargo emitir una resolución, pero no lo ha hecho. Con tal de que emitan una buena resolución preferimos que se tarde, pero ya es demasiado tiempo y quizá están obrando por consigna de Peña Nieto para dejarle esta bomba a otro.
La Suprema Corté está violando el artículo primero constitucional que desde 2011 obliga a proteger los derechos humanos. El artículo 5 constitucional que establece que a nadie se le puede despojar de su salario sin rsolución judicial y a los ex braceros se les despojó. También está violando el artículo 16 constitucional que establece que a nadie se le puede molestar en su propiedad, además de que viola la obligación de impartir justicia pronta y expedita.
La Suprema Corté tiene la oportunidad de resolver un caso histórico y si no lo hace se convierte en cómplice de los presidentes que le robaron a sus propios ex braceros.
El problema es que la ley no establece plazo para resolver, por ahí tienen una escspatoria los ministros, para decir que no están violando la ley, pero están retrasando el caso.
El 12 de junio del 2017 llevamos el caso a la máxima tribuna de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y vamos a seguir denunciando nacional e internacionalmente, para que se eleve el costo político de la resolución que se tome. 

Escalada de precios

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Los mayores incrementos se dieron en frutas y verduras, y las tarifas autorizadas por el gobiernoFoto Roberto García Ortiz
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Lunes 22 de enero de 2018, p. 20
A lo largo del sexenio el crecimiento inflacionario fue atenuado hasta alcanzar niveles cercanos a 3 por ciento anual, lo cual se cantó como un gran logro del modelo económico. Pero en 2017 se regresó a la escala observada a principios del siglo y la autoridad respectiva perdió el control. El factor que desestabilizó la cadena de precios fue el megagasolinazo (hasta 24 por ciento de aumento en los precios de los combustibles, de un plumazo) puesto en marcha por la Secretaría de Hacienda, con José Antonio Meade en la oficina principal. Los mayores incrementos se dieron en frutas y verduras, y las tarifas autorizadas por el gobierno.

Con el presidenciable Meade al Frente de la Secretaría de Hacienda EL ESTADO GENERAL DE LA ECONOMÍA SE DERRUMBÓ

 
El estado general de la economía mexicana se vino abajo, de acuerdo a los Indicadores Económicos de Coyuntura que elaboró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CESOP) del 8 al 12 de enero de 2018, con base en datos obtenido en los últimos meses del 2017, cuando aún estaba al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el actual candidato presidencial José Antonio Meade.
Las ventas internas al público de automóviles cayeron 17.6% anual, la mayor caída observada en la industria desde la crisis de 2009. El consumo en el mercado nacional se deterioró al registrar un decremento de 0.82% en el décimo mes de 2017 y la Inversión Fija Bruta, tuvo un decremento real anual de 2.63%, agregó el documento.
Parte del problema fue el deterioro de la inversión en construcción y el menor menoscabo de la inversión en maquinaria y equipo, de acuerdo al documento que se publicó en la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados del miércoles 17 de enero del 2018.
Señaló que de acuerdo con datos oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el estado general de la economía mexicana se deterioró al registrar un valor de 99.66 puntos y bajar 0.07 puntos, lo que implicó que se situará por debajo de su tendencia de largo plazo.
En materia de trabajo, en diciembre de 2017, los empleos disminuyeron en 337 mil 536 plazas respecto noviembre de ese año.
Respecto a la carestía, en el último mes de 2017, los precios tuvieron un incremento anual de 6.77%, fue más del doble que el objetivo inflacionario y de la que registró un año atrás (3.36%) y más del triple de la que se observó al cierre de 2015 (2.13%). Fue la inflación más alta desde junio de 2001. 

Odebrecht: Orden de captura contra un mexicano… en Perú

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La investigación sobre la red de sobornos operada por la empresa brasileña Odebrecht en América Latina y África ya desembocó en una orden de aprehensión en contra de un empresario mexicano. Pero ese requerimiento no viene de México –donde las autoridades de justicia se hacen de la vista gorda respecto de la investigación del caso–, sino de Perú.
El imputado es Ruperto Luis Antonio Flores Mancera, quien entre 2012 y 2016 se desempeñó como Gerente País de la empresa mexicana Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) en Perú, y a quien la justicia peruana busca por pertenecer al llamado Club de la Construcción, una organización delincuencial que se repartió contratos de obra pública en el país sudamericano entre 2011 y 2014 a cambio de sobornos.

La justicia del país andino no busca a Flores Mancera por su papel en ICA, sino porque testigos lo señalaron como representante legal de la empresa de origen español San Martín Contratistas Generales.
Flores Mancera es el único foráneo –con carnet de extranjería número 000880925, según el documento consultado por Proceso– entre las 18 personas que la juez María de los Ángeles Álvarez Camacho incluyó en su orden de allanamiento judicial emitida el pasado viernes 5.
La juez pidió a las autoridades allanar 45 inmuebles, interceptar las comunicaciones de los celulares y registrar toda la información contenida en los dispositivos electrónicos –celulares, tablets y computadoras– de los integrantes del Club de la Construcción.
Flores Mancera, prófugo de la justicia peruana, obtuvo en 1996 su cédula profesional de licenciado en mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey en la capital regiomontana, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas consultado por Proceso.
Según su perfil en la red social LinkedIn, desde marzo de 2016 es socio consultor en la empresa peruana Grupo Comercializador SAC.
Los silencios en México
El expediente que involucra a Flores Mancera –derivado de una investigación por Tráfico de Influencias y Lavado de Activos– fue abierto en el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, el equivalente peruano del Sistema Nacional Anticorrupción que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó en México en julio pasado y que todavía no tiene quién lo encabece.
Al desenredar el caso Lava Jato, las autoridades peruanas descubrieron que el pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública no era una práctica exclusiva de Odebrecht, sino que las empresas constructoras más importantes de Perú constituyeron una verdadera organización delictiva para repartirse el mercado.
Exempleados de Odebrecht –llamados “colaboradores eficaces”– declararon ante la fiscalía que el Club de la Construcción tenía una estrategia bien aceitada, la cual funcionó por lo menos entre 2011 y 2014.
Los representantes de las empresas constructoras se reunían de manera periódica en el bar del Swissotel, el restaurante Balthazar y en las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) para acordar a qué empresa beneficiar con contratos de obra pública.
Después del acuerdo, la firma pagaba 2.92% de la obra a Carlos Eugenio García Alcázar –quien fue asesor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 2 de setiembre de 2011 y el 2 de julio de 2014 –  por medio de su representante, Rodolfo Edgardo Prialé de Peña.
García Alcázar, a su vez, realizaba el “cabildeo” –es decir, pagaba un soborno– con algún funcionario del MTC, quien “se encargaba de operativizar” en la dependencia el otorgamiento del contrato a la empresa ganadora.
San Martín Contratistas Generales, que el viernes 12 informó en un comunicado que la Fiscalía peruana allanó su sede, sostuvo que “ha colaborado con brindar todas las facilidades del caso a las autoridades para que lleven a cabo su diligencia y se aclaren cuanto antes los hechos materia de la investigación”.
En Perú, las investigaciones derivadas de la red de sobornos operada por Odebrecht alcanzaron a las más altas esferas del poder. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, la opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García, entre otros, fueron señalados por recibir dinero de la empresa brasileña en las últimas décadas.
El pasado 24 de diciembre, Kuczynski otorgó un muy polémico indulto al exdictador Alberto Fujimori para salvarse de un proceso de destitución por el caso Odebrecht, operado por Keiko Fujimori –la hija de Alberto– como lo documentó este semanario en su edición 2147.
En México, las autoridades ya no dieron información sobre el avance de la investigación del caso Odebrecht desde la renuncia de Raúl Cervantes Andrade a la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 16 de octubre, y el despido, días después, de Santiago Nieto Castillo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Apenas el lunes 15 el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción mexicano –es decir, la parte de la sociedad civil– logró que la institución realizara un exhorto público a la PGR para que la dependencia entregue un informe sobre la investigación.
Exdirectivos del más alto nivel de la empresa brasileña declararon que entre 2012 y 2014 Odebrecht presuntamente pagó 10 millones de dólares de sobornos a Emilio Lozoya Austin, primero cuando era coordinador de asuntos internacionales de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y luego cuando fue director general de Pemex.
Lozoya y su abogado, Javier Coello Trejo, siempre negaron esas acusaciones. El pasado 7 de noviembre, Lozoya obtuvo un amparo para acceder al expediente, lo que impidió que la PGR consignara la carpeta de investigación. Días después, el 3 de diciembre, anunció que presentará evidencias contra los testimonios de los directivos de Odebrecht.
Lozoya renunció a la dirección general de Pemex en febrero de 2016, una semana después de que Reforma dio a conocer nuevas llamadas interceptadas de Juan Miguel Villar Mir –el presidente global de la constructora española OHL– que daban a entender que la empresa se había puesto de acuerdo con el funcionario para obtener contratos. Hasta 2012, Lozoya había formado parte del consejo de administración de la firma ibérica en México.
OHL es una de las 30 compañías que, según un “colaborador eficaz” de Odebrecht, formaban parte del Club de la Construcción peruano: la representaba un tal “Jorge” en las reuniones del club, señala el documento judicial. La fiscalía peruana no la incluyó en esta investigación.
OHL fue una de las empresas más beneficiadas por contratos de obra pública en el Estado de México durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto, y posteriormente recibió jugosas concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.
La PGR no ha informado sobre el avance de la investigación de los vínculos entre OHL y el gobierno federal –derivada de una denuncia de la firma rival Infraiber, interpuesta en enero de 2017–, y en agosto pasado la Secretaría de la Función Pública abrió una “investigación administrativa” en torno a Lozoya y OHL, después de recibir una denuncia de la organización Ahora. (Con información de Ángel Páez.)
Este texto se publicó el 21 de enero de 2018 en la edición 2151 de la revista Proceso.

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