lunes, 23 de octubre de 2017

Comunicado a TODA la Resistencia.

Compañe@s

Se les convoca a participar en la movilización de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica el próximo 24 de Octubre del Zócalo de la CDMX a la Cámara de Diputados a las 9:00 AM.
La lucha es por el Derecho Humano a la Energía el cese a la represión en contra de los usuarios en resistencia y por el borrón y cuenta nueva.

¡¡Todos con la ANUEE!!!

¡¡ SME Y ANUEE VENCERÁN!!

Fraternalmente.

“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador “

Martín Esparza Flores.

Secretario General.

CDMZ a 22 de octubre de 2017.

El pueblo venezolano arrasó a la derecha

El pueblo venezolano arrasó a la derecha

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El voto mayoritario de 18 millones de venezolanos asestó una bofetada con guante blanco a una recalcitrante derecha que tanto en el interior de su país como desde el exterior ha buscado, sin mucho éxito, derrocar con métodos nada democráticos el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Las elecciones del pasado 15 de octubre para elegir a los gobernadores de los 23 estados de Venezuela representan además un duro revés a opositores como Gerardo Blyde de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Julio Borges del partido Primero Justicia y por supuesto al perdedor en el Estado Central de Miranda y exaspirante presidente, Henrique Capriles.
El Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) se alzó con un triunfo indiscutible en 17 estados —dando una cerrada pelea en el de Bolivar—, y recuperando la Región Sureña de Amazonia y la Región Occidental de Lara donde perdió el también opositor, Henri Falcón.
Los resultados pusieron en evidencia a muchas encuestadoras pagadas por la derecha y que en medios internacionales daban una supuesta ventaja a los opositores en por lo menos 18 gubernaturas. La realidad mostrada en las urnas fue lo opuesto a las estimaciones de los  amañados sondeos.
La lección de democracia de Venezuela se refrendó con la participación del 61.14 por ciento de los electores que acudieron a las urnas en un clima de paz y tranquilidad, desarticulando a los provocadores que meses atrás buscaron incendiar el país de acuerdo con un plan de desestabilización trazado desde el exterior.

Los venezolanos demostraron  estar unidos y no temer a las amenazas de Donald Trump ni a las de sus corifeos como el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y mucho menos a las de los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón que hicieron eco al canciller Luis Videgaray, vulnerando  con su actitud la tradición diplomática de nuestro país de la no intervención y el respeto a la autodeterminación  de los pueblos.
Como era de esperarse, ahora los opositores alegan fraude y esgrimen un sinfín de excusas para tratar de justificar su apabullante derrota, evadiendo explicar al pueblo venezolano cuáles han sido sus verdaderos motivos para atacar al régimen chavista y que no son otros más que restaurar los privilegios de las empresas multinacionales que buscan por todos los medios apoderarse de las riquezas del país petrolero, como ya lo han hecho en naciones como México, despojado de sus hidrocarburos con la reforma energética.
La derecha venezolana nunca ha estado ni estará interesada en el bienestar de las mayorías. Su alianza con el gobierno norteamericano y con la oligarquía internacional oculta un proyecto para favorecer el capitalismo salvaje que en el mundo está produciendo millones de pobres. Razón por la cual la respuesta democrática de la nación bolivariana  es una “lección histórica”, como atinadamente la calificó la titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Y la muestra de un “chavismo vivo y triunfante”, de acuerdo con las palabras del presidente Maduro.

Cobra fuerza proyecto de tarifa eléctrica preferente para Tabasco


René Alberto López
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 23 de octubre de 2017, p. 30
Villahermosa, Tab.
En esta entidad, donde alrededor de 577 mil usuarios se han negado a pagar energía eléctrica desde hace 22 años, en protesta por los excesivos cobros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se consolidó un movimiento sin precedentes, impulsado por los partidos Morena, de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), para que el gobierno federal aplique la tarifa 1F en esta región del país y posteriormente se negocie un borrón y cuenta nueva.
El objetivo de esta gran ola legislativa en la Cámara de Diputados federal es que Tabasco tenga en breve una tarifa preferencial, ya que en esa zona del país se paga la más alta, sostuvo el diputado local perredista Juan Manuel Fócil Pérez, quien considera que esta vez la Federación sí autorizará la tarifa 1F, que desde hace años han demandado.
Plantean aplicar IVA en meses de alto consumo
La solicitud de cobro justo a la empresa productiva del Estado data de 1995 cuando el entonces candidato del sol azteca a la gubernatura de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, denunció fraude electoral en los comicios de noviembre de 1994 (que ganó el priísta Roberto Madrazo Pintado) y llamó a sus seguidores a no pagar electricidad por los abusos de la CFE.
La resistencia continúa y se han sumado otros partidos y organismos empresariales. El pasado 12 de octubre, Candelario Pérez Alvarado, legislador federal del PRD por Tabasco, propuso a la Comisión de Hacienda, en sesión permanente del Congreso de la Unión, una tarifa preferencial para la entidad.
El proyecto es respaldado por el Consejo Coordinador Empresarial, PAN, PVEM y Morena. Este último partido presentó la iniciativa del borrón y cuenta nueva.
El dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones en Defensa de los Energéticos, Raúl Drouaillet Patiño, consideró que es urgente resolver este problema, pues la inconformidad por los abusos de la CFE ha crecido de tal forma que hoy el tema se encuentra en el ámbito legislativo con apoyo de diputados, cámaras empresariales, organizaciones civiles y los propios afectados, destacó.
Dicha organización continuamente demanda en marchas y plantones, en el Congreso local y en plazas públicas, una tarifa justa para Tabasco. Ha solicitado también la intervención de los legisladores tabasqueños.
El pasado 10 de octubre, en la tribuna de la Legislatura estatal, el diputado Federico Madrazo Rojas expresó que Tabasco ha luchado por años para lograr una tarifa distinta.
Foto
Un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad en Tabasco da mantenimiento a las líneas. En la entidad hay alrededor de 577 mil usuarios que se niegan a pagar el suministro desde hace 22 años aduciendo cobros excesivos y exigen una tarifa preferencial para la zonaFoto René Alberto López
Propuso que la CFE aplique impuesto al valor agregado en la facturación en Tabasco durante los meses más cálidos.
Fócil Pérez presentó en una asamblea en el municipio de Centla el Proyecto de prosperidad de Tabasco, avalado por las bancadas de PAN, PVEM y Morena en el Congreso de la Unión, para que se fije la tarifa preferencial.
Aseguró que los usuarios de Tabasco pagan tarifas más altas que los de Sonora, Baja California Sur, Sinaloa y otros estados. No hemos podido llegar a un acuerdo con la Federación, pero esperamos que prospere la propuesta que los diputados federales por Tabasco hicieron la semana pasada.
Mientras los diputados estatales siguen negociando la tarifa preferencial y el borrón y cuenta nueva, los tabasqueños se quejan de la falta de alternativas para ponerse al corriente en sus pagos.
Joaquina Quijano acudió a las oficinas de la empresa con la intención de saldar paulatinamente su deuda, pero le respondieron que debía pagar el adeudo en una sola exhibición.
También se les ofrece firmar un acuerdo con despachos de cobranza que trabajan con la CFE, como Grupo Gabssa. El convenio consiste en liquidar todas las facturas previas, una cada quincena, además del recibo bimestral.
No hay descuentos, ni parcialidades. Lo único que se puede negociar es el orden en que se pagará cada recibo. El usuario no está exento de que le suspendan el servicio aunque llegue a un acuerdo con el despacho e inicie los pagos.
Empleados de la CFE argumentan que nada se puede hacer, pues si Gabssa hace el cobro y no reporta a la CFE que el total de la deuda se ha cubierto, la empresa puede suspender el servicio en cualquier momento y recibirá constantemente llamadas telefónicas y correos electrónicos para exigir que cubra el saldo.
“Así no se puede –declaró el usuario Gregorio Frías–. Uno viene con toda la intención de pagar y en lugar de ayudarnos o motivarnos nos la ponen más difícil”, y los empleados de CFE ni siquiera pudieron darle el número telefónico de Gabssa.
Por eso la gente no paga. Si de todos modos le van a cortar la luz aunque pague paulatinamente, mejor juntan dinero hasta que puedan pagarlo todo y dejo unos 100 pesos para que el eléctrico me conecte de nuevo la luz.
De acuerdo con el más reciente reporte de la CFE, correspondiente a 2016, la deuda de usuarios en Tabasco asciende a 9 mil 306 millones de pesos, y 577 mil de un total de más de 700 mil se mantienen en moratoria.
 
 
Fuente 

LOS TRABAJADORES DEBEN PARTICIPAR POLÍTICAMENTE

Carlos Guillén S.
Secretario de Prensa del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear,

Los sindicatos deben pasar de las posiciones que se quedan en el rechazo de las políticas gubernamentales, sin plantear una propuesta propia en materia salarial, económica, social y política, fue una de las conclusiones del X Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo.
La mayoría de intervenciones en este foro, que se realizó entre el 11 y 14 de octubre, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, insistieron en la importancia de que los trabajadores hagan sus propias propuestas en el ámbito de su materia de trabajo, defiendan a las instituciones de educación, investigación y cultura y pugnen porque estos temas se incorporen en las agendas de lucha.
Los trabajadores fueron tema de estudio y análisis, lo cual reunió a decenas de investigadores y estudiantes de instituciones educativas y de investigación e incluso se contó con la participación remota de investigadores especialistas en la temática del Congreso.
Este congreso fue organizado por casi dos decenas de instituciones, entre las que se encuentran las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, Autónoma de Nuevo León, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los colegios de México, de la Frontera Norte y de Sonora y la Universidad de Sonora, sede del Congreso.
Se presentaron un gran número de trabajos en presentaciones orales, mesas redondas y carteles agrupados en ejes temáticos como: Trabajo no clásico: inmaterial, emocional y estético, Configuraciones sociotécnicas y modelos productivos, Instituciones del trabajo, sindicalismo y relaciones laborales, Subcontratación y precariedad: La uberización del mundo laboral, Reproducción de la fuerza de trabajo y calidad de vida, Género y discriminación; trabajo infantil y jóvenes e Historias del mundo del trabajo e historias del movimiento obrero, entre otras.
Los trabajos presentados, analizaron con gran detalle aspectos de lo más diverso que se vive en el mundo del trabajo. Se dieron estadísticas, se analizaron casos particulares, se señalaron orientaciones generales, se intercambió una enorme cantidad de información.
Aunque el congreso fue un evento con una clara orientación académica, también se pudieron escuchar algunas voces desde la posición de los trabajadores en algunas sesiones de presentaciones y en foros abiertos.
En particular, se realizó un foro denominado Sindicalismo Universitario, en el que se presentaron sindicalistas exponiendo sus experiencias y propuestas. Contó con la participación de los sindicatos de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS), Auténtico de Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD), Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (SUTIN) y la organización estatal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
En este foro se presentaron las experiencias del SUTIN de los años 1974 a 1984, el surgimiento y problemática que ha debido enfrentar el SIATCIAD, el análisis del STAUS acerca de la importancia de la academia y la materia de trabajo en la lucha sindical, la propuesta cetemista de formación profesional de los trabajadores y la lucha del SUTIN en el marco del neoliberalismo defendiendo su materia de trabajo.
Sin el rigor académico propio del congreso, en este foro se planteó la importancia de no limitar la lucha de los trabajadores, particularmente los de universidades y centros de investigación, a los aspectos salariales y económicos, sino de llevarla al plano político. Se destacó sin embargo, que también deben evitar los sindicatos las posiciones que se quedan en el rechazo a las políticas gubernamentales, sin plantear una propuesta propia.
La mayoría de intervenciones en este foro, insistieron en la importancia de que los trabajadores hagan sus propias propuestas en el ámbito de su materia de trabajo, defiendan las instituciones de educación, investigación y cultura y luchen porque estos temas se incorporen a la lucha de todos los trabajadores. Se expusieron como ejemplos la capacidad de los trabajadores petroleros en los años posteriores a la expropiación, para sacar adelante su industria sin la participación de técnicos y profesionistas extranjeros, así como las propuestas de los trabajadores nucleares en los setentas para impulsar una industria nuclear con independencia tecnológica y como parte de la integración de la industria eléctrica.
También se planteó la lucha actual por una política científica y tecnológica de estado, en cuyo diseño participen los trabajadores. Los trabajadores del conocimiento, se dijo, deben plantear qué tipo de educación, qué tipo de investigación y de política cultural, deben desarrollar sus instituciones.
Las intervenciones en este foro, más que el rigor académico, tuvieron un sentido práctico, de encontrar elementos comunes entre las organizaciones sindicales, para una lucha en común.
Este tipo de congresos son de gran importancia, pues el estudio del mundo del trabajo por especialistas en la materia puede aportar elementos a la lucha de los trabajadores organizados, o incluso, impulsar la organización de quienes no lo están. Sería bueno que hubiera coordinación entre estos especialistas y los trabajadores. 

Arman a modo y en secreto ley secundaria de la reforma laboral


Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de octubre de 2017, p. 19
La ley reglamentaria de la reforma en materia de justicia laboral señala la liberalización del outsourcing, la perpetuación del tripartismo en los conflictos laborales y la continuidad de mecanismos que permiten la simulación en las votaciones para firmar el contrato colectivo de los sindicatos.
Dicha reforma sólo fue consensuada por el sector empresarial y el gobierno y no se tomó en cuenta a abogados y académicos especialistas, sindicatos ni a las organizaciones sociales vinculadas con el tema, denunció el Observatorio Laboral.
Esta organización planteó que se han hecho diversas solicitudes públicas para conocer el texto y participar en el debate, sin respuesta de las autoridades. Sin embargo, se filtró un documento que, con el nombre de Capítulo procesal de la LFC, contiene propuestas que de ninguna manera responden a la reglamentación de la reforma planteada y en cambio dan carta abierta para que se perpetúen los sindicatos de protección.
El Observatorio señala que en el documento filtrado hay un intento patronal aceptado por la Secretaría del Trabajo para liberar la terciarización (outsourcing), quitándole los límites legales que actualmente tiene, señalados en el artículo 15 A de la reforma laboral de 2012.
Este giro de la reglamentación de la reforma de justicia laboral es además inverosímil, dado que las limitaciones al outsourcing se fijaron con base en la recomendación 2694 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo.
Esta organización hizo ver que los verdaderos temas de la reforma constitucional son la creación de un organismo descentralizado y autónomo que registre contratos y sindicatos, la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de los tribunales laborales como parte del Poder Judicial.
También exigen que en la ley secundaria se defina como principio fundamental el voto universal, directo y secreto en todos los procesos de constitución de sindicatos y contratos –como garantía de los principios procesales tutelares del trabajo–, y no simulaciones, como pretenden los abogados patronales. Este es un punto básico para que no se perpetúen los contratos de protección.
Por tanto, este Observatorio demandó que se publique el proyecto elaborado en secreto y al gusto de los empresarios. Y dado que la iniciativa se hizo entre la patronal y el gobierno, solicitaron al Poder Legislativo que convoque a un debate, considerando el corto plazo que hay para que se discutan y aprueben las reformas normativas en la Cámara de Diputados.

Fuente

EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) PRINCIPIO DEL FIN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Aunque ya tenemos aproximadamente un año tratando el tema y a riesgo de ser repetitivo trataremos nuevamente el tema del SISTEMA DEL AHORRO PARA EL RETIRO (SAR).
Distintos especialistas consideran que es aquí donde comienza a gestarse el cambio del sistema solidario de reparto al privado.
Con el SAR comenzaron a abandonarse los principios básicos que mantenían la seguridad social con, solidaridad - universalidad - integralidad - subsidiaridad – participativa, por uno individualizado que en los años venideros (1997) se daría la puntilla con la creación de las AFORES y la derogación de la Ley del seguro social y posteriormente en el 2007 de la ley del ISSSTE.
En estos años nacen las generaciones de trabajadores que se le comienza a conocer como la generación de los aforados.
De manera breve daremos algunos puntos que pueden ayudarnos a analizar donde y como se comenzó este cambio:
El Sistema de Ahorro para el Retiro 1992 a 1997, origen del sistema de Capitalización Individual o Contribución Definida en México 
En el año 1992 el Congreso presento una iniciativa de reforma el Sistema de Pensiones en México, y nace el Sistema de Ahorro para el Retiro conocido como SAR, que actualmente es identificado como SAR 92, dicho sistema, su objetivo primordial fue el de otorgar un beneficio a todos aquellos trabajadores que se pensionaran y obtuvieran recursos que les permitiera contar con un recurso complementario de sus pensión.
Dicho complemento consistía en que las aportaciones las realizara el patrón a razón de un 2% del salario base de cotización y eran manejadas en una cuenta INDIVIDUAL bancaria de ahorro, para el trabajador.
Este sistema de Ahorro para el retiro funciono para lo que fue creado, pero a partir del 1º de julio de 1997, en que entro en vigor la reforma estructural de la Ley del Seguro Social, esta reforma trastoco los principios básicos que mantenían la seguridad social.
No debemos olvidar que La Seguridad Social tiene como objetivo proteger a todos los miembros de la sociedad frente a todas las contingencias a que se exponen a lo largo de la vida. Por ejemplo, la salud , vejez , cargas familiares, accidentes de trabajo, invalidez, muerte o desempleo , tienen que ser garantizadas obligatoriamente por el Estado , siendo éste responsable de su cumplimiento, asegurando el carácter redistributivo de la riqueza con justicia social
Todo esto cambio ya que la generación de trabajadores que comenzaron su vida laboral a partir de la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Seguro Social, sus pensiones dependerían de lo que hiciera de ahorro individual, queda para la historia el sistema contributivo de reparto, solidario e intergeneracional por uno de cuentas individuales
A partir de 1997 nos dejan una seguridad social individualizada en la que las aportaciones en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez (6.5%) más lo integrado por las subcuentas del seguro de retiro y de vivienda, a través de aportaciones patronales del 2 y 5%, respectivamente; el  seguro de retiro sería administrado por el sector bancario a través de cuentas individuales abiertas a nombre de cada trabajador.
Los recursos de las aportaciones del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez se le sumara el SAR y el INFONAVIT este último en caso de no utilizarse pasan a formar parte de una misma cuenta en la cual los trabajadores que se pensionen por la ley de 1993 si podrán solicitar la devolución de lo que tengan acumulado en su SAR pero los trabajadores que comenzaron a cotizar después de la entrada en vigor de la ley del 97 No lo podrán hacer
Estas aportaciones forman parte de su ahorro para que su pensión sea menos empobrecida, pero no les basto esto a los representantes de ambas cámaras también dijeron bueno si no utilizas tu INFONAVIT que formen parte de tus aportaciones y sirva para incrementar tu sistema de pensión
Aunque el SAR 92 fue insuficiente e inoperante para fortalecer el sistema de pensiones pues los trabajadores recibirían, por conducto de sus patrones, anualmente, un estado de cuenta, el que, por cierto, muchos trabajadores nunca obtuvieron o conservaron, por falta de interés, apatía o indolencia.
La falta de estados de cuenta, o de un resumen de saldos o de movimiento de saldos, que comprobaran el depósito del 2% por concepto de retiro en favor de los trabajadores, impidió que miles de ellos no pudieran identificarlos ni unificarlos en su cuenta individual, operada a partir del 1° de julio de 1997, por una Afore.
Así, los recursos no identificados pasaron a ser propiedad del Gobierno Federal por Decreto presidencial publicado el veinticuatro de diciembre de 2002, por el entonces presidente de la república, Vicente Fox, no obstante de que se tomaron las providencias para dejar a salvo los derechos de aquellos trabajadores que a futuro pudieran identificar sus recursos. 



Organizaciones campesinas plantean incremento de $40 mil millones al agro


Carolina Gómez Mena
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de octubre de 2017, p. 17
Luis Gómez Garay, secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), informó que –junto con otras organizaciones integrantes del movimiento El Campo es de Todos– presentó una propuesta de presupuesto para el agro en 2018, el cual incluye un aumento de poco más de 40 mil millones de pesos, reducir el carácter asistencial del Programa Especial Concurrente (PEC) y crear un fondo de compras gubernamentales a pequeños productores rurales por medio de Diconsa.
En entrevista detalló que los pequeños agricultores generan más de 40 por ciento de la producción de granos básicos y dan empleo a más de 60 por ciento de los jornaleros, por ello demandamos que el presupuesto del PEC 2018 debe destinarse esencialmente a alentar y fomentar las actividades productivas y el bienestar de estos pequeños productores, y no seguir orientándolo a favorecer a las empresas trasnacionales que controlan la actividad productiva y comercial del campo mexicano.
Subrayó que demandamos que el gobierno federal y la Cámara de Diputados pongan como prioridad, en el ejercicio presupuestal del PEC 2018, la producción de alimentos en las tierras de los pequeños productores rurales y acabar con el hambre de 20 millones de campesinos e indígenas que existen en el país según el Coneval.
Precisó que las agrupaciones se reunieron con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Jorge Estefan Chidiac, para presentar la propuesta de presupuesto para el campo en 2018.
Junto con dirigentes de la Central Campesina Cardenista, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez, entre otras, expusieron a los integrantes de la Comisión de Presupuesto que hay recortes que van desde 40 por ciento a los productores de básicos, 30 por ciento a la cafeticultura y de 15 por ciento a los estados del sur-sureste, hasta desaparecer el ejercicio de concurrencia con los estados, y se redujeron drásticamente los programas de apoyo a las mujeres rurales.

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Han regresado a clases 8 millones de alumnos en cinco estados luego de sismos: SEP


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Luego de los sismos de septiembre pasado, ocho millones de alumnos han regresado a clases hasta el momento.
En un comunicado, la SEP informó que las autoridades educativas de las entidades en las que continúa la primera fase del regreso a clases reportan que mañana se encontrarán en operación 18 mil 889 escuelas en Chiapas; 16 mil 627 planteles del Estado de México; mil 911 escuelas en Morelos; 12 mil 760 en Oaxaca y 13 mil 191 planteles en Puebla.
En Chiapas han regresado a clases 18 mil 889 escuelas, con una matrícula de 1.6 millones de estudiantes, lo que representa el 88 por ciento del total de alumnos.
En el Estado de México han regresado a clases 16 mil 627 escuelas, con una matrícula de 3.4 millones estudiantes, lo que representa el 75 por ciento de la matrícula.
En Morelos han regresado a clases mil 911 escuelas, con una matrícula de 168 mil estudiantes, lo que representa el 30 por ciento del total de alumnos.
En Oaxaca han regresado a clases 12 mil 760 escuelas, con una matrícula de 965 mil estudiantes, lo que representa el 80 por ciento del total de alumnos.
En Puebla han regresado a clases 13 mil 191 escuelas, con una matrícula de 1.9 millones de estudiantes, lo que representa el 94 por ciento del total de alumnos.

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El fin del TLCAN

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Enrique Peña Nieto y su canciller, Luis Videgaray, esperaban que, si se arrastraban con suficiente abyección a los pies de Donald Trump, el magnate neoyorquino finalmente les tendría lástima y dejaría intacto su apreciado juguete salinista: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Pero todo parece indicar que la estrategia tapete de los indignos representantes de nuestro mal gobierno terminará en un fracaso histórico para la diplomacia mexicana.
Conforme avanzan las rondas de renegociación, se confirma la sospecha de que el gobierno de Trump nunca tenía el menor interés en “actualizar” o “modernizar” el acuerdo trilateral, sino que solamente busca tiempo para arrinconar y chantajear al gobierno de México con el fin de obligarlo a aceptar términos aún más lesivos y desiguales que la versión actualmente vigente del tratado. En su desesperación por detener la estrepitosa devaluación del peso y evitar un estallido social en el corto plazo, Peña Nieto le entró al juego del ocupante de la Casa Blanca y ahora se encuentra en un callejón sin salida.

Para mantener el TLCAN, Trump exige al gobierno mexicano una serie de concesiones inaceptables que hundirían la economía nacional durante décadas. Propone, por ejemplo, obligar a México a aumentar sus importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos, así como fijar en 50% o más el porcentaje requerido de insumos estadunidenses en los productos industriales de mayor valor agregado exportados desde México al país vecino. Washington también busca reservar su derecho a violar el acuerdo de manera unilateral en cualquier momento, por medio de la eliminación del capítulo 19 del tratado, así como incluir una revisión obligatoria de los términos del TLCAN cada tres o cuatro años con el fin de ir ajustando detalles si no se supera el presunto “déficit comercial” de Estados Unidos con México.
Aceptar estos términos convertiría a México en un simple apéndice de la economía estadunidense. Simultáneamente se aumentaría nuestra dependencia del norte y se reducirían los beneficios de nuestro acceso privilegiado al mercado de nuestro poderoso vecino.  A cambio de unas cuantas migajas, sacrificaríamos de manera definitiva la posibilidad de desarrollar una verdadera política industrial y de desarrollo agropecuario que pudieran resolver la pobreza y la desigualdad que tanto lastiman hoy al pueblo mexicano.
A Peña Nieto y a Videgaray no les preo­cupa que México desaparezca como Estado soberano. Ellos firmarían cualquier acuerdo con el fin de mantener una semblanza de estabilidad financiera durante los meses previos a las elecciones de 2018.
Sin embargo, el pueblo mexicano no es tonto y podría castigar al gobierno muy fuertemente en las urnas por este acto de alta traición. Así que los vendepatrias también tienen guardado un “Plan B”. Desde ahora preparan la opción de envolverse en la bandera y levantarse indignados de la mesa de negociación del TLCAN con el fin de lucrar políticamente con su propio fracaso diplomático, presentándose como los grandes defensores de la patria frente a la intransigencia del gandalla de la Casa Blanca.
Sin embargo, pocos mexicanos se dejarían engañar por los discursos patrioteros de estos nacionalistas de ocasión. Es demasiado tarde para rectificar. Too little, too late, como dicen los gringos tan admirados por los tecnosaurios que hoy predominan en el gabinete federal. Peña Nieto y Videgaray han dado demasiadas muestras concretas de su abyección al imperio para poder rectificar a estas alturas del partido.
Todos recordamos, por ejemplo, la abierta utilización de los recursos y el prestigio del Estado mexicano para intervenir a favor de Trump durante la pasada campaña presidencial en Estados Unidos, con la invitación al magnate neoyorquino a Los Pinos el 31 de agosto de 2016. El juramento de Peña Nieto en su conversación telefónica con Trump del pasado 27 de enero –de que “el espíritu de mi gobierno es la posición de mi administración, es que las cosas vayan bien para Estados Unidos y que todo vaya bien para su gobierno (de Trump)”– también pinta de cuerpo entero la visión y la ideología del primer mandatario mexicano.
Ya basta de improvisaciones y oportunismos en la agenda bilateral. Tanto el entreguismo servil como el patrioterismo hipócrita lastiman la posición internacional de México y contribuyen al debilitamiento de la economía nacional. Urge una nueva diplomacia firme, serena y capaz, que genere respeto en el escenario internacional.
Con o sin el TLCAN, la relación bilateral entre México y Estados Unidos seguirá. Pero para que esta relación sea productiva y efectiva, para que rinda frutos para México y los mexicanos, hace falta una verdadera interlocución entre iguales.  Y una condición necesaria para poder lograr esta igualdad es un gobierno mexicano plenamente legítimo que cuente con el respaldo de su propio pueblo y que esté dispuesto a luchar con los ciudadanos en defensa de la soberanía nacional y la justicia social.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
Este análisis se publicó el 15 de octubre de 2017 en la edición 2137 de la revista Proceso.

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jueves, 19 de octubre de 2017

Organizaciones adherentes a la OPT apoyarán candidatura de “Marichuy”

Los dirigentes de la OPT, durante la conferencia

*  Movimientos sociales del país dicen no sentirse representados por los partidos y se sumarán a la campaña de la vocera del Consejo Indígena, en 2018

Por La Redacción
Especial de Expediente Ultra
Al no sentirse representados en sus intereses por los partidos, movimientos sociales y sindicales agrupados en la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), dieron a conocer su apoyo a la candidatura independiente de María de Jesús Patricio , “Marichuy”, rumbo  a la presidencia de la República,  en 2018.
En conferencia de prensa José Luis Rojas, Héctor Becerra, Humberto Montes de Oca, Héctor Valadéz y Edgar Sánchez, integrante de la Dirección Política, destacaron que emprenderán toda una campaña en el país para recabar una cifra superior a las 866 mil firmas que las autoridades electorales piden como requisito para otorgar el registro a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno.
Señalaron que a esta tarea se sumarán organizaciones como la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), el SME así como un sinfín de trabajadores, jóvenes estudiantes y activistas sociales, convencidos de que los partidos políticos no representan las demandas sociales ni los intereses de los campesinos, obreros, indígenas y otros sectores marginados y golpeados por la imposición de las reformas estructurales como la laboral, la educativa y energética.
Añadieron que el sistema político vigente en nuestro país atraviesa por una crisis de legitimidad agudizada por el descrédito de los partidos y su Pacto por México, por lo que en 2018 hará denodados esfuerzos por legitimar sus desgastadas instituciones a través de su sistema electoral.
Comentaron que la candidatura de “Marichuy” será una alternativa de crítica y denuncia al sistema político y económico que no garantiza un verdadero cambio a favor de las mayorías y que ha cancelado los derechos laborales y el cierre de empresas públicas como “expresión de la política neoliberal”.
De igual manera, subrayaron que en la campaña de la candidata indígena se pondrá de manifiesto por todo el territorio nacional la resistencia de los pueblos originarios en la defensa de sus comunidades, sus tierras y sus riquezas naturales, contra   los proyectos de las multinacionales.
“Esto nos permitirá articular la lucha política de innumerables organizaciones y el surgimiento de otros movimientos sociales en una conjunción de fuerzas más allá del 2018”, subrayaron al tiempo de enfatizar que a los agravios cometido por el actual gobierno debe sumarse la profundización de la actual crisis en terrenos como la violación a los derechos humanos expresada en situaciones como la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa.
Para finalizar, dejaron en claro que su objetivo no es ganar la elección sino construir, en el marco de la coyuntura electoral, un acuerdo para avanzar en un proceso de lucha de todos los sectores de la población, diferente a las campañas de los partidos.  “La idea –destacaron–, es crear una acumulación de fuerzas para echar abajo las reformas estructurales mediante un cambio profundo y serio, porque sabemos que el proceso electoral tiene sus limitaciones y debemos ir más allá y desterrar al neoliberalismo”, concluyeron.

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El INE aplica "medidas clasistas, racistas y excluyentes", sostiene Marichuy

Foto
María de Jesús Patricia Martínez recorrió calles de Palenque, cuarto punto de su recorrido por ChiapasFoto José Carlo González
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 11
San Cristóbal de Las Casas, Chis.
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, quien busca el registro como candidata presidencial independiente, afirmó que con las medidas clasistas, racistas y excluyentes impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el sistema electoral no está hecho para que seamos los pueblos de abajo los que gobernemos.
Agregó que las leyes e instituciones del Estado están hechas para los de arriba, para los capitalistas y su clase política corrupta, resultando una gran simulación.
En un mensaje leído en Palenque, cuarto punto de su recorrido por Chiapas en su campaña para la recolección de firmas con el fin de obtener su registro de candidata, recordó que el día 15 de octubre recibió la constancia que la acredita como aspirante a la Presidencia de la República, pero desde un principio vimos que los mecanismos y las vías que el INE diseñó no están hechos para el pueblo de México, para los pobres de este país, sino para los ricos, exigiéndonos tecnologías para recabar las firmas que en muchas de nuestras comunidades ni siquiera conocemos.
Añadió que a pesar de ello decidió seguir adelante para cumplir con la encomienda que nos confiaron el Congreso Nacional Indígena y concejales y concejalas de la mayor parte de los pueblos originarios de México.
Dijo que se organizaron y formaron una red de apoyo en los 32 estados de este país, logrando registrar en tan sólo dos días mil 480 auxiliares voluntarios y la próxima semana registrarán mil 500 más que recabarán las firmas para lograr su registro como candidata independiente a la Presidencia de México.
Manifestó que el INE hizo una lista de marcas y modelos de teléfonos; dijo que debían tener como mínimo un sistema operativo Android 5.0 en adelante y a unas cuantas horas de comenzar con la descarga de las aplicaciones en los dispositivos nos encontramos con que no es cierta esa lista; nos encontramos con marcas que no están incluidas en el listado y de las que sí están incluidas resulta que no todas funcionan; la descarga es tediosa y puede durar horas. El sistema operativo requiere versiones superiores para que realmente funcione.
Marichuy aseguró que los teléfonos que llaman de gama media cuestan más de 5 mil pesos y muchas de las marcas y modelos indicados por el INE no funcionan, los de gama alta cuestan más de 12 mil y tampoco funcionan varias de las marcas y modelos indicados por el INE.

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TLCAN incumplió la promesa de más crecimiento y desarrollo

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El premio Nobel de Economía Paul Krugman (al centro), ayer a su llegada a la conferencia organizada por The New York Times en la Ciudad de México. El profesor de Princeton consideró que el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, es más parecido al ex presidente Luis Inázio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernanteFoto Marco Peláez
Roberto González Amador
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 20
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no cumplió con la oferta de sus promotores de generar más crecimiento económico y desarrollo para México, aseguró este miércoles Paul Krugman, profesor en Princeton y premio Nobel de Economía 2008.
Krugman restó peso a la opinión de quienes ven en Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, a un populista peligroso que amedrenta.
La prensa estadunidense presenta a López Obrador –quien buscará la Presidencia en 2018– como un líder populista, pero en México la gente está más relajada y menos preocupada, dijo.
López Obrador es más parecido al ex presidente brasileño Luis Ináazio Lula da Silva, un hombre que asustaba y era un radical, pero al final fue un buen gobernante.
Una salida de Estados Unidos del TLCAN, a la que Krugman sólo concedió 25 por ciento de probabilidad que ocurra, reduciría el producto interno bruto (PIB) de México en 2 puntos porcentuales, un efecto de magnitud similar a la que provocó el retiro de Reino Unido de la Unión Europea, previó Krugman en una conferencia organizada por The New York Times, del que es columnista.
El TLCAN lo que ofrece sobre todo es certidumbre y no sólo tarifas bajas para realizar comercio entre tres países, dijo el académico. Consideró que el acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, que está vigente desde enero de 1994, está a punto de romperse por una reacción de ira del presidente estadunidense Donald Trump
De cualquier manera, México va a sobrevivir sin el TLCAN, en caso de que el acuerdo terminara. El país tiene una economía robusta y ha adquirido una gran habilidad en el sector manufacturero. Pero sí va a quedar más pobre de lo que sería con el tratado, añadió.
El Tratado de Libre Comercio, dijo Krugman, sí es un acuerdo consolidado, pero ahora en Estados Unidos domina una presidencia imperial. En Estados Unidos las reglas funcionan, pero nuestro sistema dependía de que el presidente no iba a estar loco. Así que estamos en problemas.
Krugman se refirió a las expectativas no cumplidas cuando el TLCAN era negociado por los tres países y que fueron las que la parte mexicana más esgrimió, de que la liberalización comercial traería crecimiento económico, desarrollo y una disminución de la desigualdad.
La promesa general de acelerar el crecimiento con el tratado es una promesa que jamás se debió hacer, dijo el premio Nobel.
En la teoría económica jamás hay garantía para la noción de que la liberalización comercial va a llevar a un crecimiento prominente, apuntó.
El Banco Mundial y su teoría ortodoxa, cuando dijo que iba a haber un crecimiento económico de México a una tasa de 2 a 3 por ciento adicional, fue una mezcla de teoría con mala estadística, pero no era realidad, apuntó.
Mejor nación
Desde la perspectiva de Estados Unidos, comentó, el TLCAN debió hacer tres cosas: se suponía, apuntó, que el acuerdo comercial iba a convertirse en un tema de política exterior; dos, se iba a hacer un esfuerzo reformista en México para que el país se tornara más democrático, abierto y más cercano a valores de Estados Unidos, y en eso tuvo éxito, hoy México es un mejor lugar en términos políticos y democráticos, y a pesar de todo lo que se puedan quejar es mejor que en el pasado.
Y, un tercer objetivo del TLCAN, desde la perspectiva estadunidense, era diversificar la economía mexicana, convertir a México en algo más que venta de petróleo y playas. Sí tuvo éxito en este punto, pero el tratado también tenía que producir más desarrollo. Había ejemplos de países de Asia y Chile que sí tuvieron crecimientos milagrosos después de la liberalización de sus economías. Tratamos de convencernos que iba a ser así aquí, pero no sucedió.
En la misma charla, Gerardo Esquivel, académico de El Colegio de México y coordinador de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado, dijo que el TLCAN logró un aumento en el volumen de comercio a partir de su entrada en vigor. Desde antes del tratado, agregó, México ya enviaba 80 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos.
Desde la entrada en vigor del tratado, México dejó de hacer políticas y reformas que propiciaran que el TLCAN generara un crecimiento económico más acelerado.
“La idea de Carlos Salinas de Gortari –quien, como presidente, promovió y firmó el TLCAN– era reducir la brecha de desarrollo de México respecto de Estados Unidos y Canadá, y eso no ha ocurrido”, afirmó.

Caso Nochixtlán, ejemplo “de lo que no debe ser”, dice la CNDH y emite Recomendación


 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A 16 meses de la represión policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los hechos ocurridos el 19 de junio del 2016, en el que murieron siete personas, son “un ejemplo de lo que no debe ser” en materia de desalojos de vialidades.
Y es que –dijo– no se observaron coordinación ni protocolos de actuación entre las corporaciones estatales y federales, además de que se registró un uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y tratos crueles inhumanos y degradantes.
Al presentar la Recomendación 7VG/2017, el ombudsman nacional señaló que las violaciones a derechos humanos ocurridas en el operativo policiaco en el que participaron miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y policías estatales y ministeriales fueron “graves”, al registrarse entre ellas siete fallecidos, 174 civiles lesionados, 45 de ellos por arma de fuego, así como 106 policías heridos, cuatro por arma de fuego.
Acompañado del segundo visitador Enrique Guadarrama, González Pérez acusó a autoridades estatales y federales de obstaculizar el trabajo del organismo, lo que atribuyó a “falta de voluntad a que se conozca la verdad, para que se pueda llegar al fincamiento de responsabilidades, que esto limite la reparación del daño, y sobre todo el que se esté invisibilizando hechos como éstos, se evite generar garantías de no repetición”.
En una exposición detallada de la investigación –realizada durante siete meses por personal del organismo– que se desplegó a Nochixtlán, así como a las comunidades de San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, hasta donde se expandió el operativo, el ombudsman exigió fincar responsabilidades a todos los servidores públicos responsables de los abusos cometidos, en un operativo dirigido a desalojar a agremiados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). “Estamos pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño, ejecución de este operativo se investigue precisamente su participación en ese mal diseño y, desde luego, quienes más tuvieron conocimiento de esos sucesos”, sostuvo.
El presidente de la CNDH señaló que, en una revisión de la indagatoria penal, personal del organismo detectó “la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia de la normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta de investigación y en más de un año no se han realizado diversas diligencias necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades”, pues ni siquiera se ha realizado la reconstrucción de los hechos ni se han tomado declaraciones de testigos ni víctimas.
Recomendaciones
La CNDH emitió 26 puntos recomendatorios dirigidos al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat; el comisionado nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia; el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, y al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez.
Entre ellos se cuenta que las autoridades estatales y federales tendrán que ofrecer una disculpa pública a las víctimas y a los habitantes de los pueblos afectados, además de proceder a la reparación de daños e iniciar investigaciones penales y administrativas.
González Pérez señaló que en las investigaciones de personal del organismo se determinaron violaciones graves al derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, a la seguridad, al interés superior de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, así como al derecho a la verdad y al recurso jurídico efectivo.
Al señalar que la recomendación considera como sujetos de reparación a víctimas individuales y colectivas, entre ellas 20 personas que fueron detenidas sin haber participado de los hechos, el funcionario puntualizó que, debido a la mala planeación del operativo, atribuido a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca, no sólo civiles resultaron afectados, sino también personal policial.
El ombudsman explicó que entre los afectados destacan unos 30 elementos de la banda de guerra y personal administrativo de la Policía estatal que fueron enviados al evento y que “no tenían la capacitación última para contender con ese tipo de operativos, eso muestra la desorganización del operativo”.
El segundo visitador Enrique Guadarrama agregó que el operativo fue monitoreado desde un hotel ubicado en la ciudad de Oaxaca, precisamente por el Grupo de Coordinación Oaxaca, integrado por el secretario general de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario de Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno, el delegado estatal de la Segob, el coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comisionado de la Policía Estatal, el delegado estatal del CISEN, el coordinador Estatal de la Policía Federal en Oaxaca, División de Seguridad Regional y el encargado del Sexto Agrupamiento de Gendarmería.
Al insistir en la urgencia de investigar a policías y a integrantes del Grupo de Coordinación Oaxaca para el deslinde de responsabilidades, el ombudsman advirtió que las autoridades señaladas tienen un plazo de 15 días hábiles para aceptar la Recomendación.

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Desconfío de los partidos, pero es muy pronto para acabar con ellos: Salgado

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No me voy a retirar de la lucha, asegura Nestora Salgado en entrevista con La JornadaFoto Carlos Ramos Mamahua
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de octubre de 2017, p. 14
Al caminar por las calles de México, Nestora Salgado tiene sentimientos encontrados: por una parte, está feliz de volver a su tierra, pero al mismo tiempo no puede evitar un sensación de tristeza por descubrir que la gente no es libre y se ha acostumbrado a no serlo.
Las rejas que muchas personas colocan en sus casas debido a la inseguridad le recuerdan las que la retuvieron a ella durante los casi tres años que estuvo en prisión, como parte de un proceso legal donde nunca pudieron probar ninguno de los cargos que le imputaron, pero que sigue activo, pendiendo sobre su cabeza como una espada de Damocles.
Durante la visita relámpago que hace Nestora a México, luego de un prolongado autoexilio en Estados Unidos, La Jornada aprovechó la oportunidad para platicar con la fundadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, en el estado de Guerrero.
En la charla, Salgado deplora el aumento de la violencia en el país y de la criminalización de activistas, pero también adelanta que sigue en la labor de tejer redes entre colectivos de México y Estados Unidos y subraya: no me voy a retirar de la lucha.
Se han robado mi vida
–Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo se siente, cómo encuentra al país?
–Es bonito por el regreso, pero a la vez no tienes libertad. Sigo custodiada, con (guardias de) seguridad. Se han robado mi vida, mi privacidad. No me gusta este México que veo; en Estados Unidos al menos puedo caminar sola, sin cuidarme de nadie, pero esta realidad existe y veo que la gente se está acostumbrando a vivirla.
–Siguen vigentes algunos procesos judiciales en contra de usted, a pesar de que fue liberada el año pasado por falta de pruebas…
–Son seis procesos por secuestro y homicidio, por eso no tengo total libertad. Fui absuelta por falta de elementos, porque nunca se presentaron testigos ni me han podido probar nada. Aun ahorita, después de salir de prisión, no he podido regresar a mi casa. Mi rancho y mi negocio quedaron abandonados y mi cuenta bancaria está desaparecida.
Salí libre (el 18 de marzo de 2016), pero al tercer día (la Fiscalía de Guerrero) apela la resolución. Me están criminalizando por organizar a mi pueblo, por haber sido parte de la Policía Comunitaria y, más aún, por ser mujer. Violentaron mis derechos con acusaciones gravísimas y me robaron 2 años y 8 meses de mi vida.
–¿Por qué cree que usted moleste tanto a algunas autoridades?
–Porque pusimos en evidencia su colusión con la delincuencia organizada. No sé quién es jefe de quién: si la delincuencia de los políticos, o los políticos de la delincuencia.
“Cuando denuncié las violaciones a niños, la trata de blancas, los asesinatos, los secuestros y las desapariciones, me encerraron a mí en vez de investigar. ¿Cómo lo explicas? Obviamente alguien de esa esfera política de alto nivel estaba detrás.
Lo que hice yo fue organizar a mi pueblo, defender a las mujeres, a los campesinos. Yo no me voy a callar, no quiero ser parte de este crimen, y si por eso me van a matar estoy dispuesta a dar mi vida. No quiero ser parte de esa corrupción y podredumbre.
Unir el norte con el sur
–¿Nada ha cambiado en México desde que organizó la Policía Comunitaria?
–Sí, ahora las cifras de asesinatos son más altas. La única forma de parar esto es unirse y luchar juntos por lo que queremos. A un pueblo organizado no hay nadie que se le meta, pero ellos (las autoridades) saben cómo dividirlo y someterlo.
–Mucha gente la conoce y estaría dispuesta a escucharla, ¿usted qué propondría?
–Estoy trabajando desde Estados Unidos en la organización, visitando diferentes colectivos y organizaciones. Hay una gran cantidad de luchas aisladas que queremos construir, como hormiguitas, y estamos haciendo esa labor de enlace, porque sólo unificados nos podremos defender de este sistema que nos ha atacado tanto.
“Aunque no coincidamos en muchas cosas, en otras podemos trabajar juntos y unirnos. Yo ofrezco mis brazos solidarios para decidir qué hacemos juntos y llegar a otros niveles de organización. Hemos andado en eso, tratando de unir el norte con el sur, intercambiando ideas.
“Mi aprehensión fue un mensaje bien fuerte para la gente que se organiza. Muchos dijeron ‘caray, lo que nos puede pasar’, pero el gobierno tampoco esperó el mensaje que íbamos a mandar nosotros. Es como un espejo para que vean lo que podemos lograr organizados.”
–En este escenario tan complejo, ¿qué cree que vaya a pasar en el 2018?
–Lo veo bien difícil, pero también como una buena coyuntura para hacer un cambio si sabemos utilizar nuestra fuerza y canalizarla. Siempre he dicho que no confío en los partidos políticos, pero también veo que es muy pronto para acabar con ellos. Si queremos mandar a un presidente, tenemos que empoderarlo, porque somos una fuerza endiablada.
–¿Hay condiciones para que regrese definitivamente a México?
–No, ahorita no puedo quedarme en el país, porque ahorita ellos siguen con la espada desenfundada y corro el riesgo de que me abran otro proceso. Quiero hacer las cosas con mucho cuidado, pero no me retiro de la lucha. Hay mucha necesidad de seguir.
 
 
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Caso Lesvy: Ordenan reclasificar delito por feminicidio; evidencian omisiones de la PGJ-CDMX

 
PROCESO 
 
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX) evidenció las omisiones de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX) para investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres de la capital.
Y es que, en el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio -la joven cuyo cuerpo fue encontrado atado a una cabina telefónica en Ciudad Universitaria- resolvió que existen los elementos para determinar que fue un feminicidio y no un suicidio.

Esta tarde, los tres magistrados de la Quinta Sala Penal del TSJ-CDMX, Celia Marín Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, determinaron que Jorge Luis González Hernández, expareja sentimental de Lesvy y principal sospechoso, debe ser vinculado a proceso por feminicidio agravado y no por homicidio simple.
Éste último fue el dictamen que emitió el Juez de Control Christian Ricardo Franco Reyes, el pasado 10 de julio, quien determinó que no existían los elementos suficientes para responsabilizar a González Hernández del asesinato de la joven de 22 años. El juez sólo le acusó de comisión de omisión por, presuntamente, no impedir que Lesvy se quitara la vida luego de una discusión.
Contrario a estas aseveraciones, la resolución de hoy del juicio de apelación confirma la hipótesis del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria -represente legal de la familia Rivera Osorio-: Lesvy no se suicidó.
Desde el inicio de las diligencias, el Centro documentó al menos tres características para clasificar la muerte de la joven como parte de la ola de violencia contra las mujeres que vive la capital: la exposición pública del cuerpo, rastros evidentes de violencia física, así como testimoniales de al menos dos amigos cercanos a la pareja de la violencia previa que vivía la víctima.
Incluso, ya se habla de un feminicidio agravado por la relación sentimental que mantenía Lesvy Berlín con Jorge Luis, pues al mantener un noviazgo se habla de una condición más de vulnerabilidad.
Impacto en el proceso
En entrevista con Apro, Alejandro Martínez Martínez, integrante del Centro de Derechos Humanos, refirió que la resolución “básicamente corrige todo el actuar de la Procuraduría” que dirige Edmundo Garrido Osorio, desde la muerte de Lesvy el pasado 3 de mayo, cuando aún era procurador Rodolfo Ríos.
“Se confirma lo que se ha venido peleando: le corrige la plana al Ministerio Público, a la Procuraduría local e incluso, al mismo juez de control, en el sentido de que los datos de prueba son suficientes para hablar de feminicidio”.
No sólo eso. La resolución tendrá un impacto en el resto del proceso, al menos en tres ámbitos, explicó Martínez Martínez.
El primero es que, de ahora en adelante, todas las actuaciones de la PGJ-CDMX deben ser con perspectiva de género y de derechos humanos, e incluso deberá corregir parte de sus diligencias. Por ello, es seguro que se pida una ampliación del plazo de la audiencia de cierre de investigación complementaria que se llevaría a cabo el 10 de noviembre.
En segunda instancia, el amparo que presentaron los abogados de Jorge Luis podría sobreseerse, en virtud de que ya no hay materia para hablar de homicidio.
Según dijo, el caso de Lesvy representa un asunto paradigmático, pues significa una llamada de atención para evidenciar que la Procuraduría y el sistema de impartición de justicia local no están actuando con perspectiva de género.
“Aunque todavía no llegamos al grado de que se emita una jurisprudencia por parte de la Corte, como en el caso de Mariana Lima, a nivel local sí tendría esa trascendencia al probar que la PGJ-CDMX no está investigando los casos de agresión contra las mujeres con perspectiva de género”, comentó.
Con la resolución el Centro de Derechos Humanos pedirá una ampliación de plazo para la entrega de los peritajes independientes en la audiencia de cierre.

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